Un grupo de extrabajadores de los medios incautados pidió que sean incluidos entre las personas que recibirán el pago de sus liquidaciones con los desembolsos que el Gobierno recibirá del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los excolaboradores, algunos de los cuales llevan casi dos años sin recibir sus haberes, exigen que así como se pagará a más de 3.000 extrabajadores de las empresas públicas liquidadas, se los tome en cuenta a ellos.

El fin de semana pasado, el Gobierno anunció que parte del primer desembolso del FMI por $ 2.000 millones se destinará al pago de liquidaciones pendientes a exempleados públicos. Este es uno de los seis sectores a los que irán los recursos.

Ecuador consiguió un crédito a diez años de plazo, con cuatro de gracia, a una tasa mínima de 2,9 % de interés.

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Los extrabajadores de los medios incautados realizaron ayer un plantón en los exteriores de TC Televisión, donde operaban editorial Uminasa, Cablevisión y Super K 800, parte de los medios que fueron incautados en el gobierno correísta.

Margarita Constante, exempleada de los medios incautados, cuestionó ayer que entre las personas a quienes se va a cancelar liquidaciones con dinero del FMI no se haya mencionado a los excolaboradores de las empresas incautadas.

La exreportera de Super K 800 criticó que mientras el gobierno anterior y parte de este usaron a los medios incautados para pasar cadenas sabatinas y otras transmisiones, se los quiera tratar como empresas privadas.

"Lo que pedimos al presidente es que nos ingrese en la lista de pagos a las empresas incautadas, hay compañeros que están enfermos, gente que no puede ni acceder al seguro de desempleo", indicó Constante.

Medios Públicos refirió el mes pasado que se ha trasladado a la Procuraduría General del Estado una consulta para determinar el mecanismo legal que permita realizar la cancelación por indemnizaciones y aportaciones al IESS que se deben a los extrabajadores de los medios incautados.

La Empresa de Medios Públicos consta como accionista de los medios incautados, pero alega que no es responsable directa de las obligaciones de esas compañías privadas. El Ministerio de Finanzas también ha dado sus alegatos para indicar que estas empresas no forman parte de las entidades públicas.

Constante indicó que por estos días se ha escuchado que hay planes de querer reactivar Super K 800, pero cuestionó que se intente eso sin antes pagar los valores pendientes. (I)