Al año de derogatoria del decreto 883, los subsidios cayeron $ 1.007 millones por la pandemia y sistema de bandas

Tras la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, que hace un año buscaba eliminar los subsidios de los combustibles, pero que no tuvo acogida social y generó violentas protestas, la política gubernamental para fijar los precios de los hidrocarburos experimentó cambios.En este año, los subsidios de combustibles se contrajeron de manera importante. Pasaron de $ 1.621 millones, a $ 614 millones, comparando el periodo enero-agosto del 2019 con el mismo periodo del 2020. Es decir, que hubo una disminución de $ 1.007 millones, según los últimos datos del Ministerio de Economía.No obstante, la contracción se debió a tres factores: la caída de los precios internacionales, la menor demanda (debido a la pandemia del COVID-19) y en algún grado el nuevo sistema de bandas establecido en mayo pasado, con el Decreto Ejecutivo 1154.Ayer, el nuevo ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo en una entrevista televisiva que el país está caminando a un sistema más eficiente en el tema de subsidios: por un lado está operativo el sistema de bandas y por otro se avanza en la importación privada de derivados.De acuerdo con Miguel Robalino, experto petrolero, lo que pasó hace un año mostró antes de expedir el decreto 883 el Gobierno no tenía una propuesta sostenible sobre los precios de combustibles, y las consecuencias "ya las conocemos todos". “Me parece que hubo improvisación”, dice.Ahora está vigente un sistema de bandas, que no es una liberación de precios. Este decreto ha ido, en la práctica, incrementando el precio del diésel, mientras que los de las gasolinas se han quedado estables.Esto, porque el Gobierno actual ha tenido la suerte de que le acompañen precios bajos. Sin embargo, no se sabe cómo podría funcionar el sistema de bandas si llegara a subir el precio del combustible, comenta.Entre tanto, para el experto, no parece sostenible el plan de libre importación de derivados. Aunque podría haber comercializadoras interesadas en la importación, pero asegura que las reglas del juego no están bien determinadas.Según explica, aún no se han definido tarifas de la infraestructura petrolera y tampoco se conoce cuál será el papel del Estado en el control de precios. Para él, el Estado sí debe tener un papel importante en esta tarea para evitar monopolios y abusos de precios.Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados Petróleo del Ecuador (Camddepe), comentó que la política de precios de combustibles en el país ha tenido varios desaciertos.El primero fue en agosto de 2018 cuando ya sacaron un primer decreto para incrementar el precio de la gasolina súper para luego, en diciembre del mismo año, liberarla. Esta fue una medida antitécnica, pues se debió aplicar también a la gasolina extra y eco. Esto habría evitado la migración que hubo de los consumidores a la extra, aumentando el subsidio.“Luego se lanzaron por una medida de shock que fue un error más grande, todavía”, recuerda él, refiriéndose al decreto 883 que motivó las movilizaciones sociales. Asegura que eso fue un gran golpe para Gobierno y para la economía nacional.Sin embargo, con los decretos 1054 (bandas) y 1158 (liberalización de precios de combustibles) se hace un sistema que generaría un incremento gradual.En cuanto al decreto 1158, emitido en septiembre pasado, el Gobierno espera que se generare un alivio fiscal al permitir que el sector privado importe libremente combustibles (actuales y nuevos), y que el Estado no tenga que hacerlo. Además, en 60 días estaría listo un nuevo decreto con las tarifas para que el sector importador privado arriende las instalaciones de Petroecuador para concretar la importación.Robalino dijo que no hay que perder de vista que la comercialización de combustibles es un gran negocio y que hay algunos grupos a los cuales no les interesa la industrialización nacional, sino solo la importación. Tal vez por ello, dice Robalino, es que no se ha avanzado en un modelo claro de compensaciones a los sectores focalizados, para así continuar con un modelo de libre importación, pero también de producción local.Para Erazo, aún quedan incógnitas sobre los nuevos actores de la importación y de quiénes serán los responsables de los precios, pues la ley dice que de los precios es responsable el presidente de la República, aseguró.En cuanto a la demanda de combustibles, Erazo asegura que en el 2019 se vio una contracción de entre 2% y 3% con respecto al 2018. Esto fue por el incremento de los precios. Pero tras la pandemia la demanda tuvo una contracción total debido al confinamiento. Ahora que se está regresando a la normalidad, aún existe una baja de demanda del 23% y 25%, mes a mes, los frente al consumo de 2019. (I)

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