Gremios de trabajadores marítimos y portuarios han mostrado sus reparos al proyecto de Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los espacios acuáticos que se analiza en la Asamblea.

El cuerpo legal ha sido propuesto por el Ministerio de Defensa y en estos días se analiza en la Comisión de Soberanía del legislativo.

Uno de los principales cuestionamientos a la propuesta apunta al mayor rol que tendría la Armada en competencias mercantes civiles, que ahora están a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de la Subsecretaría de Puertos.

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Varias asociaciones consideran que con el proyecto se intenta trasladar a la fuerza naval las competencias que son propias del MTOP.

Luis Jaramillo, presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, indicó que con esa propuesta la Armada sería “juez y parte en el ámbito comercial”, algo que no consta en sus funciones constitucionales, que se suscriben a asuntos relacionados con la seguridad nacional.

Para el dirigente, los asuntos de la marina mercante deben ser manejados por un ente civil, como en otros países. “Queremos que se sigan manteniendo las competencias a través de la Subsecretaría de Puertos”, señaló.

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Desde meses atrás, el Ministerio de Defensa ha venido exponiendo algunos lineamientos de la propuesta de ley, que incluye una serie de disposiciones sobre la tutela administrativa y potestades de defensa y conservación de la riqueza marina e ictiológica.

Para Rodrigo Tumbaco, presidente de la Coordinadora de Trabajadores Marinos y Portuarios del Ecuador, esa propuesta abre paso para que la Marina tome el control de toda la actividad, incluso la formación y capacitación de la gente del mar, a través de la Escuela de la Marina Mercante.

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“No se quiere dar paso a nuevas instituciones para que formen a la gente”, dijo Tumbaco, quien recuerda que años atrás ya se presentó una propuesta que fue archivada.

Los gremios creen que se pretendería militarizar la administración civil mercante con ese proyecto. Y ese temor lo han expresado ya en oficios que han enviado a la Comisión de Soberanía que trata el proyecto de ley. A esa instancia han pedido que se archive la propuesta.

La Asociación Sindical de Trabajadores de la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao y gremios que agrupan a los prácticos también tienen objeciones al proyecto.

El miércoles, la comisión que tiene a su cargo este proyecto realizó una sesión para abordar dudas referentes a los artículos de la ley en materia constitucional. En esa instancia se recibió a los expertos constitucionalistas Rafael Oyarte y Enrique Gómez.

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Ante la consulta de legisladores, Oyarte expuso que todo lo relacionado con la vida humana en el mar tiene que estar a cargo de la Armada, porque si se entrega al Ministerio de Transporte no va a haber control de nada respecto a la riqueza ictiológica.

Sobre la capacitación de la gente de mar consideró que debe estar en manos de las Fuerzas Armadas, en virtud de las obligaciones que tienen los Estados ribereños cuando tienen que realizar labores de rescate, incluso en altamar.

Mientras que el especialista Enrique Gómez estimó que la normativa está en concordancia con la Constitución. Y señaló que no hay que confundir lo jurisdiccional con lo administrativo. En la propuesta legal están perfectamente establecidos cada uno de estos aspectos, refirió.

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Flores (CREO), aseguró que luego del primer debate en el pleno, la mesa legislativa abrirá un espacio de participación para que todos los sectores den sus observaciones. Esto ante pedidos de gremios para ser atendidos. (I)

Trabajadores de terminal petrolera, inquietos por concesión

Los trabajadores de la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao están inquietos ante la posibilidad de que se entregue a una empresa privada el área operativa de dicha terminal.

Fernando Flores Sáenz, secretario general de esa asociación sindical, dijo que hay la preocupación entre los trabajadores ante una concesión, pues consideran que no sería favorable a los empleados ni al Estado.

Según ese sindicato, al pasar a manos particulares los ingresos para el Estado solo serían del 25% y no del 100%, como lo son actualmente.

El dirigente reconoció que desde hace años están viviendo una crisis institucional en lo administrativo y financiero, que afecta a lo operativo. Además no se dan los tres mantenimientos recomendados a los remolcadores y lanchones. Pero cree que se pueden emprender otras alternativas.

“No se ha dado un adecuado presupuesto y a tiempo para que sean bien mantenidas y darles la operatividad que se necesita”, señaló Flores Sáenz.

Los procesos, según los trabajadores, se retrasan por situaciones burocráticas, en ocasiones hasta se regresan al Ministerio de Finanzas. “Se debería tener más autonomía y depender de un viceministerio”, indicó el sindicato.

Los trabajadores admiten que legalmente está permitido que empresas nacionales o extranjeras presten su servicio en caso de que Suinba no pueda hacerlo, pero creen que el problema es que, al concesionar todo, el dinero que ganarían se iría a otras ciudades o países.

Los trabajadores piden hablar con el Ministro de Transporte para exponer la problemática de la entidad.

Actualmente hay unos 123 trabajadores que operan en esa terminal. (I)