En los últimos años, la seguridad del Estado ecuatoriano se ha visto amenazada por varios eventos en tierra y mar, y una de las respuestas del Gobierno para contrarrestar estas irregularidades ha sido la elaboración y presentación ante la Asamblea de nuevos proyectos de ley para gestionar de mejor manera la problemática en esta área. Sin embargo, el Legislativo no ha aprobado ninguna de las iniciativas de las que ha participado el Ejecutivo.

La incursión de grupos insurgentes, disidentes de la guerrilla, que ha provocado violencia y muerte en la frontera norte; la presencia de flotas extranjeras que pescan muy cerca de las zonas económicas exclusivas de Ecuador, en altamar; la amenaza del narcotráfico, también con rutas en altamar; y el presunto involucramiento de elementos militares en servicio activo en varios delitos son algunos ejemplos de estas amenazas, en los últimos años.

Los tres proyectos de ley relativos a seguridad, soberanía y disciplina militar trabajados por el Gobierno son la Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima, que fue presentada el 18 de septiembre de 2018 por la asambleísta Elizabeth Cabezas y elaborado con el Ejecutivo; además, el Código Orgánico de Seguridad del Estado, que fue presentado el 18 octubre del 2018 por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; y la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas (FF. AA.), presentada el 20 de septiembre del 2019, también por el Ejecutivo.

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De los tres, el trámite del proyecto de Ley de Navegación es el más avanzado: la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales tiene previsto enviar el informe para primer debate aprobado a la Secretaría General de la Asamblea en enero. Mientras que el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las FF. AA. y el Código de Seguridad del Estado no han podido avanzar de la misma manera.

A cinco meses de que termine el período legislativo 2017-2021, el vicepresidente de la Comisión, general en servicio pasivo y asambleísta, René Yandún, manifestó que en estos días entregará el informe de la subcomisión para la Ley de Personal y Disciplina, y en el caso del Código Orgánico de Seguridad del Estado, en agosto entregó un informe sobre el libro preliminar y el primer libro, que se refiere a Defensa Nacional.

Pero este proyecto de código contiene cuatro libros aparte del preliminar: Defensa Nacional, Sistema de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Inteligencia (que incluye la ciberinteligencia), y Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos.

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En el libro de inteligencia no ha existido mayor avance, porque la Comisión aún no recibe la información por parte del Centro de Inteligencia Estratégica; y con el libro de riesgos aún se discute la estructura a nivel nacional. Este nuevo Código deroga dos leyes: la Ley Orgánica de la Defensa que se expidió en el 2007 y la Ley de Seguridad Pública y del Estado, vigente desde el 2009.

En tanto, la Ley de Seguridad Marítima contiene todo lo referente al control y seguridad en el mar y puertos del continente y las islas Galápagos para contrarrestar delitos transnacionales, entre otros objetivos. Además, la Policía Marítima, el control de los pequeños pesqueros y los grandes atuneros. El actual Código de Policía Marítima data de 1960.

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Finalmente, con la Ley de Personal y Disciplina la nueva normativa eleva a ley el Reglamento de Disciplina y pone en igualdad de condiciones a los miembros de las tres fuerzas: aérea, naval y terrestre.

"Realmente no ha habido la oportunidad (de aprobar los informes), a pesar de que ha estado dentro del plan de trabajo de la Comisión. Sin embargo, el presidente (Fernando Flores) ha indicado que desde enero vamos a seguir trabajando en cualquiera de estas leyes y dando prioridad a la Ley de Navegación (...). Al menos, la intención es que pasen el primer debate (en los cinco meses de período legislativo que restan)", agrega Yandún.

Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exdirector de Inteligencia Militar, señaló que la aprobación de estas leyes sí es urgente, pues se necesitan definir políticas sobre la frontera norte y sobre la protección e intervención que tiene que hacer la Fuerza Naval en el espacio marítimo, porque hay un grave problema con la depredación de recursos del Estado.

Además, se necesita la aprobación de la Ley de Personal y Disciplina para "reencauzar" toda la estructura institucional de las FF. AA., que fue fraccionada, según su criterio, en el Gobierno anterior. "Esa penetración política, ideológica que tuvieron las FF. AA. Necesitaban una reorganización y también se necesita una actualización de esta normativa", dijo.

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"Si bien esto es prioritario para la institución militar y para todo el país, para un grupo de legisladores que tienen un nivel muy bajo de comprensión de esta temática y un nivel de legislación con baja aceptación. Al menos de esta Asamblea, no creo que va a salir ningún resultado positivo. Será la próxima Asamblea la que, espero yo, defina que los objetivos nacionales del Estado están por encima de los objetivos políticos", agregó Pazmiño.

En el 2018, el Ministerio de Defensa actualizó la Política de Defensa Nacional después de doce años, y para ello, tomó en cuenta la Constitución del 2008 y las nuevas amenazas que enfrentan los Estados, como el crimen organizado transnacional y los ciberataques. (I)