Hay violaciones a las trabajadoras sexuales que laboran más en las calles; el consumo de alcohol influye

Dos chicas que ofrecen servicios sexuales en la calle 17, en el suroeste de Guayaquil, fueron contratadas por dos aparentes clientes (cada una por uno) durante la mañana del domingo 10 de enero pasado.Al irse en los autos con ellos fueron violadas por otros quince hombres durante el día, cuenta Brenda Rentería, presidenta del barrio de tolerancia de la calle Salinas, en el suroeste de Guayaquil, más conocido como la 18, quien da cuenta del incremento de la prostitución clandestina y de hechos violentos: “Las soltaron cerca de las seis de la tarde en el mismo punto donde las habían recogido. Esto ya está denunciado”, asegura.En la calle, agrega, no hay control. “Nosotros cumplimos con las obligaciones, como las pruebas del COVID-19 cada quince días según el protocolo establecido y el carné profiláctico para control de las enfermedades venéreas, pero nos tienen cerrados”, agrega.Las casas de citas legales no pudieron abrir entre el 12 de marzo y el 22 de septiembre del año pasado, como parte de las medidas gubernamentales para frenar el coronavirus.A partir del 23 de ese mes se dio una reapertura con restricciones de venta de alcohol y de horarios, pero de nuevo tuvieron que cerrar el 21 de diciembre pasado debido al último estado de excepción.“Aquí fue cuando se vio más el desborde. Las chicas dijeron que no podían estar de nuevo sin trabajar, así que salieron a las calles”, dice Rentería.Unas 300 mujeres son las que dan servicios sexuales solo en el barrio de tolerancia de la calle Salinas. “En todo el tiempo que abrimos entre septiembre y diciembre del año pasado no hubo ningún caso positivo de COVID-19 entre las chicas”, afirma.Ella espera que el COE cantonal ordene la reapertura.“Los que se aprovechan del cierre son los hoteles y hostales del centro (adonde llevan a los clientes), que ahora les cobran a las chicas $ 7 por el alquiler de la habitación para el momento, antes cobraban $ 5”, señala.El gobernador del Guayas, Luis Esteban Chonillo, asegura que hay dos objetivos prioritarios en la actualidad: garantizar la salud debido a la pandemia que continúa y la seguridad.“Optamos por una reactivación económica segura. Muchas de las intervenciones que hacemos son para atender las denuncias ciudadanas. Por ejemplo, ayer (el 7 de enero pasado) estuvimos en el cantón Daule en un lugar que vendían drogas y alcohol adulterado, lo mismo hacemos con los prostíbulos clandestinos”.Uno de los últimos clausurados es el de la parroquia Taura, en el cantón Naranjal, y otro en la cooperativa Molina de Frank, en el sur de Guayaquil. “Este último es de los locales que ya habían sido clausurados, pero volvieron a abrir”, reconoce Chonillo.El problema con estos locales clandestinos, agrega, es que se convierten en “un foco de infección para la delincuencia”. Cada COE cantonal decide si funcionan los centros de tolerancia. En Guayaquil no está permitido. La atención se reanudó en la 18 como parte de un plan piloto aprobado.Elena Reynaga, representante regional de las trabajadoras sexuales, afirma que el nivel de violencia que históricamente han sufrido las mujeres dedicadas a la actividad se debe en parte al alto consumo de alcohol en los burdeles”.En total 466 operativos se hicieron en la provincia del Guayas en el 2020 ante las denuncias ciudadanas de que había supuestos prostíbulos clandestinos. Esto llevó a la clausura de 68 de estos sitios. A algunos se los encontró en delito flagrante y en otros se requirieron labores de inteligencia, dice el gobernador del Guayas, Luis Esteban Chonillo.“Durante el 2020 se dio un mayor control para combatir la clandestinidad en la provincia”, asegura el funcionario.Los operativos abarcaron también a todos los establecimientos comerciales que debían cumplir el protocolo determinado para su reapertura, como los bares y discotecas, dice Chonillo.En esta última categoría se hicieron 1.183 operativos en los que 226 centros de diversión nocturna fueron clausurados tras operaciones articuladas con las comisarías municipales. Las restricciones incumplidas fueron que atendían fuera del horario, no tenían permisos de funcionamiento actualizados, entre otras causas. (I)

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