El alcalde de Sígsig, David Duchitanga, presentó una demanda de acción de protección para frenar las concesiones mineras legales e ilegales en las cuencas del río Santa Bárbara, en la provincia de Azuay. Por lo que el sector se encuentra con medidas cautelares que prohíben la práctica extractivista de índole minera o la presencia policial o militar en la zona, que rige desde el 6 de mayo.

Esta demanda es respaldada por el Frente Nacional Antiminero (FNA), el cual convocó a una marcha en contra de la minería en el río Santa Bárbara con una concentración en la Playa de Zhingate, en la provincia de Azuay, hasta la Unidad Judicial del cantón Sígsig, donde estaba previsto que se instale la audiencia a las 14:30 de este 14 de mayo.

Sin embargo, en horas de la mañana, el Consejo de la Judicatura difirió la audiencia para el jueves 23 de mayo a las 09:00, debido a que los grupos demandados no fueron notificados correctamente y en consecuencia no se determinó a los representantes que debían comparecer.

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Las instituciones citadas eran la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Procuraduría General del Estado.

Las actividades mineras formales e informales que buscan abolir, según el FNA, se estarían dando en los sectores de Ayllón, Santa Bárbara, Llapin, Culebrillas, Gallos e Infiernillos, dentro del cantón Sígsig, en Azuay. Agregan que estos territorios son declarados por el Estado ecuatoriano como bosque y vegetación protectora.

En un comunicado del FNA se menciona que años atrás, a través de la comuna San Sebastián de Sígsig, se ha constatado la afectación directa e indirecta de la actividad minera en las cabeceras del río Santa Bárbara en el cantón. Pero que sus denuncias y procesos de control territorial no han sido suficientes.

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Aseguran que pese a existir informes avalados por la Prefectura del Azuay y laboratorios especializados, donde se han analizado niveles de metales pesados por encima de la norma, entre otras anomalías vinculadas con la actividad minera, existe una falta de acción por parte del Ejecutivo para el control de esta actividad que pondría en riesgo la salud de los comuneros, “para devolver la paz a esta parte oriental de la provincia del Azuay”.

Otra de las demandas que se suman es el supuesto amedrentamiento e incluso amenazas hacia pobladores del cantón Sígsig y esto lo atribuyen a vínculos directos de la actividad minera con la violencia de la delincuencia organizada en la provincia del Azuay.

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Otras acciones de protección en contra de la actividad minera han sido presentadas en otras provincias, como el caso de Palo Quemado y Las Pampas, en Sigchos, Cotopaxi. En ese caso, la audiencia hasta la fecha se ha suspendido en tres ocasiones y aún no ha sido reprogramada.

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El Frente Nacional Antiminero agrega que la minería también estaría perjudicando a otras poblaciones del cantón Sígsig: Chordeleg, Gualaceo, Paute, y más cantones orientales de esta provincia, en los que se incluye a la población mestiza y shuar de Morona Santiago. (I)