La aprobación, la tarde del 31 de mayo, del acuerdo ampliado por 48 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador, con acceso equivalente a $ 3.000 millones de DEG (430 % de la cuota, equivalente a $ 4.000 millones), lo que le permitirá al país un desembolso inmediato de $ 1.000 millones, disponibles para el presupuesto público, generó reacciones a favor y en contra de gremios y expertos económicos.
Uno de los primeros gremios en pronunciarse sobre la decisión del FMI fue la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), que afirmó que ve de manera positiva que el directorio del FMI haya aprobado el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) para respaldar el programa económico del país.
“Este valioso apoyo es el primer paso para lograr sostenibilidad fiscal, que debe complementarse con otras medidas estructurales y políticas fiscales que permitan reducir gastos y eliminar subsidios, que ayuden a fortalecer la cadena de pagos y mejorar la estabilidad financiera”, analizó el gremio.
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La aprobación de este nuevo acuerdo, que sigue a un acuerdo anterior del SAF aprobado por el directorio ejecutivo del FMI en septiembre de 2020 y completado en diciembre de 2022, coincide con los planes del gobierno de Daniel Noboa de focalizar los subsidios de los combustibles. Actualmente, las gasolinas ecopaís, extra y el diésel tienen los precios congelados y subsidiados. El precio de la gasolina súper -por el contrario- está liberalizado, es decir, no tiene subsidio.
Se tenía previsto que este plan arrancaría en este segundo semestre, pero aunque hasta ahora no existe una fecha definida el 30 de mayo pasado el ministro de Energía (e), Roberto Luque, hizo varias definiciones sobre cómo se procederá a futuro con respecto a los subsidios de los combustibles, luego de una visita a la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Esto es que la liberación de los subsidios se realizará a través de un sistema de compensación para los sectores que lo necesitan, de lo que se conoce las compensaciones se darían a taxis, camionetas y motores fuera de borda. Con esta medida se evita tener un doble precio de combustibles, pues en una anterior propuesta se planteaba que haya doble precio en gasolineras para quienes sí reciben subsidio y para quienes no. La idea, según el ministro, es evitar distorsiones.
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“El FMI lo que está diciendo es ‘no tiene que pagarme ahora lo que me debe, puede pagarme a futuro’”
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Para Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal, el acuerdo con el FMI es equivalente a un reperfilamiento de la deuda, es decir, posponer los pagos a futuro. “Son $ 4.000 millones que va a entregar el Fondo los siguientes cuatro años y son $ 4.444 millones que el país tiene que pagar entre intereses y capital al mismo FMI, como podemos ver son equivalentes. Entonces, realmente como en el FMI no existe la figura de reperfilar o renegociar esa deuda, lo que existe es este mecanismo que se va a cargar un nuevo financiamiento para poder sustituir el anterior, el que está venciendo”, explicó el experto.
Afirmó que esto es beneficioso para el país porque le da respiro a la caja fiscal, pues no existían los recursos para hacer las amortizaciones de manera inmediata desde este año, lo que en la práctica significa posponer los pagos. “El FMI lo que está diciendo es ‘no tiene que pagarme ahora lo que me debe, puede pagarme a futuro’. Ese es el acuerdo y el gran beneficio del acuerdo”, indicó Acosta.
Acuerdo técnico con el FMI por $ 4.000 millones, buena noticia para dar alivio a finanzas públicas
¿Cuál es el condicionamiento para acceder a este beneficio? Acosta indicó que el Estado tiene que comprometerse a ordenar sus finanzas y no seguir gastando más de lo que se recibe, lo que desemboca en las medidas que se van a adoptar dentro de este acuerdo, aunque advierte que no solo se están evaluando medidas para la consolidación fiscal para reducir la brecha fiscal, sino también algunas medidas estructurales importantes, como mejorar el entorno y la seguridad del sistema financiero, entre otras.
“Hay algunas medidas de orden estructural para poder fortalecer las finanzas públicas y en general la institucionalidad del país y eso viene de la mano del acuerdo. El acuerdo también contempla que se eleve la proyección social en el corto plazo para justamente hacer frente a los costos que tiene siempre una consolidación fiscal”, expresó Acosta. Sin embargo, añadió que pese a que el país ya lleva una década de ajustes, todavía no termina su consolidación fiscal y proyecta que siguiendo las experiencias del pasado a Ecuador le tome una década más completar este proceso, porque los avances son lentos y el gasto sigue subiendo de manera permanente. “Mientras no se detenga el crecimiento del gasto no habrá dinero que alcance”, advirtió.
El ajuste debe venir por el lado del gasto y no de los ingresos
No obstante, el editor de Análisis Semanal indicó que para este ajuste en el gasto se necesita voluntad política, al señalar que generalmente lo que hacen los Gobiernos es pasarles la cuota a los ciudadanos de estos excesos fiscales, justamente lo que hizo el actual Gobierno con las tres últimas reformas tributarias: el aumento del IVA, que se traduce en menos capacidad de consumo, las contribuciones de las empresas a través de sus utilidades y la autorretención, que significa menos recursos para invertir y las contribuciones de la banca que merma los recursos del sistema financiero para nuevos créditos.
Por eso Acosta indicó que existe una alternativa que conlleva un menor costo, que es hacer el ajuste por el lado del gasto. Indicó que en 2024 el gobierno planteó un incremento de casi $ 4.000 millones en el gasto.
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“Hay mucho gasto público de baja calidad que no hace crecer a la economía, que no agrega valor, por ahí debería venir ese gran desafío, lamentablemente el FMI tampoco exige o presiona ajustes por el lado del gasto, prefiere ajustes por el lado de los ingresos, entonces creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos y no creo que el gobierno tenga la voluntad política de hacer ajustes por el lado del gasto, que es lo que debería hacer de una vez por todas y si no ajusta por lo menos detener el crecimiento del gasto”, indicó el experto económico.
Por su parte, tras la aprobación del acuerdo, Kristalina Georgieva, directora gerente y presidenta del FMI, también se pronunció respecto a la consolidación fiscal que busca Ecuador.
Dijo que Ecuador “prevé esfuerzos equilibrados tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos, con menos dependencia de la evolución del sector petrolero, al tiempo que se protege el gasto esencial en seguridad, la red de seguridad social y la inversión pública”.
También aseguró que se seguirá trabajando para mejorar la red de seguridad social, ampliando la cobertura de los programas de transferencia de efectivo a las familias necesitadas. Esto ayudará a mitigar el impacto adverso de la consolidación fiscal en esos grupos vulnerables.
Mientras, el analista económico Pablo Dávalos indicó que el “ambicioso plan de consolidación fiscal” que establece el acuerdo con el FMI solo significa menos gasto público en salud, educación, inversión pública, además de eliminación de subsidios, privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, trabajo por horas, entre otras.
“Estamos, como país, en la peor de todas las crisis; pero una cosa es absolutamente segura: el FMI nos empujará al abismo”, afirmó el experto económico que se autodefine economista de izquierda y radical libre.
