La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a eliminar el impuesto del 2% para los microempresarios luego de escuchar a la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, quien dijo que aún 340.000 contribuyentes de este segmento no realizan la declaración.

En la comparecencia, la funcionaria reveló que en el 2020 se registraron $ 76 millones por concepto de declaraciones realizadas por 660.000 microempresarios. Del monto declarado $ 13 millones están sujetos a facilidades de pago hasta noviembre próximo tal como lo permite un decreto ejecutivo suscrito por el expresidente de la República Lenín Moreno.

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La representante del SRI señaló que el cobro del impuesto se sustenta en lo que determina la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, su reglamento y las resoluciones 50 y 60, emitidas en el 2020 por el SRI, que operativizan el procedimiento para el pago del 2% del régimen de microempresas. El SRI no puede aumentar ni disminuir lo que dice la Ley, no puede modificar ni eliminar un impuesto, insistió.

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Manifestó que el SRI, pese a que sabe la realidad de la pandemia y cómo golpeó a los ecuatorianos, no puede hacer más que aplicar la Ley, por lo tanto, es el presidente de la República quien puede enviar un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional realizando modificaciones.

Montos recaudados

Andrade reveló que lo recaudado hasta el momento por el 2% a las microempresas son $ 76 millones y corresponden a 660.000 contribuyentes que han efectuado su declaración; y que un valor aproximado de $ 13 millones está declarado y en facilidades de pago.

Que el universo de microempresarios es de un millón, es decir, la diferencia 340.000 contribuyentes que no han cancelado del 2020 pueden acogerse al decreto ejecutivo remitido por el exmandatario, que permite el pago hasta noviembre de 2021 sin intereses ni multas, tomando en consideración el tema de la pandemia.

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A su vez, lo que corresponde al ejercicio del presente año y que se cancela en julio de 2021 y en enero de 2022 se podrá pagar, a petición del contribuyente, hasta abril de 2022.

Ante las inquietudes de los legisladores, la directora del SRI insistió en que ante la vigencia de una Ley no puede cambiar una tarifa ni tampoco excluir o establecer una base mínima de pago, porque la normativa establece una base de hasta los $ 300.000 de ingresos.

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Respecto del catastro, indicó que en el 2020 hubo cuatro catastros y que el nuevo catastro saldrá en septiembre de 2021, conforme lo señala la norma.

Resolución legislativa

La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Wilma Andrade (ID), manifestó que existe una demanda de los ciudadanos y profesionales que de la noche a la mañana se constituyeron en microempresarios y al encontrarse en esa categoría están sujetos al pago del 2%, sin observar ni el mandato constitucional ni la resolución de la Corte Constitucional sobre la capacidad contributiva.

El asambleísta César Rohón (antes de PSC), planteó la moción para exhortar al Ejecutivo la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios sobre las ventas, pues nadie podía prever lo que iba a suceder con la pandemia, con la economía ecuatoriana y con la crisis. “En semejante crisis que vive el Ecuador, los más chiquitos, los microempresarios, estén hoy pagando contribuciones sobre las ventas”, subrayó.

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Que si bien el SRI no tiene ninguna facultad de poner o disminuir impuestos, sino que es potestad únicamente del Ejecutivo, entonces, se tiene que exhortar al presidente de la República para la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios con el fin de ayudar y contribuir a su desarrollo.

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La resolución recibió el voto de los nueve integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico: Daniel Noboa (EU), Wilma Andrade (ID), Francisco Jiménez y Nathalie Arias (CREO), César Rohón (antes del PSC), Cristian Yucailla (PK), Diana Pesántez (Azuay Primero-BAN), John Vinueza (UE ) y Carlos Zambrano (UNES).

Contribuyentes deudores

Sobre la existencia de 500 contribuyentes más grandes que tienen deudas con el Estado, la representante del SRI, Marisol Andrade, comentó que la cifra adeudada es de alrededor de $ 1.500 millones, pero que el país debe estar tranquilo porque todos tienen juicios coactivos y medidas cautelares como prohibición de salida del país de sus representantes legales.

Pero recordó que dentro del TOP 500 hay deudas que tienen una antigüedad bastante alta, pues algunas tienen seis y ocho años.

Sin embargo, manifestó que no se aplican los juicios coactivos porque en la Ley de Apoyo Humanitario, donde habla de que no se puede ejercer coactiva mientras dure la emergencia sanitaria y 180 días hábiles a esa emergencia sanitaria, “ahí es cuando la administración está atada de manos y no puede incumplir la Ley”.(I)