Babahoyo y Quito son la mejor y peor ciudad, respectivamente, en libertades económicas. Así lo indica la primera edición del Índice de Libertades Económicas de las Ciudades Ecuatorianas (ILECE - EC), publicado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y que cuenta con el auspicio de Usaid. En el reporte se presentan los indicadores de 13 ciudades ecuatorianas de más de 100.000 habitantes, que además son capitales de provincias y que tengan más de 11 puntos en el índice de transparencia.

Así, el estudio determina al menos cuatro categorías de libertad económica: Moderada, Aceptable, Insuficiente y Deficiente. Se las califica sobre 100 puntos en cuatro áreas: Desempeño económico municipal, magnitud de la plantilla municipal, intervencionismo económico municipal y presión fiscal.

En la primera categoría se ubican Babahoyo (70,29). Babahoyo es la ciudad mejor evaluada, no obstante, aún está a 30 puntos de tener una libertad económica plena. Se destaca por tener la menor deuda per cápita, $ 24 frente a otras ciudades que superan los $ 400. Además, resalta por ser la ciudad con menos recaudación por concepto de multas y sanciones a la ciudadanía, así como, se encuentra por debajo del promedio en materia de tasas e impuestos aplicados a las actividades económicas. A pesar de la puntuación positiva, es la ciudad que registra menos empresas domiciliadas, alrededor de 5.000.

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Le siguen Riobamba (66,95), Latacunga (64,14), Tulcán (61,97) y Ambato (61,69). De acuerdo al ranking, las ciudades que están en categoría intermedia son: Guayaquil (55,52), Esmeraldas (54,07), Loja (52,26) y Machala (51,51) tienen una aceptable libertad económica; mientras Ibarra, Portoviejo y Cuenca en una libertad insuficiente.

En la última categoría, se encuentra Quito con apenas 35,86 puntos. Se trata de la ciudad peor evaluada con una libertad económica deficiente. Su deuda per cápita es de USD, por encima del promedio de $ 271. Es la ciudad que más recauda por concepto de tasas e impuestos, es la que más recauda por concepto de impuesto predial y es la segunda ciudad con mayor presión fiscal a las actividades económicas, solo por debajo de Cuenca. Quito es la ciudad con más planilla de personal municipal, así como, con más empresas municipales.

De acuerdo con Ciudadanía y Desarrollo, el objetivo del informe es brindar a la ciudadanía, sector privado, sociedad civil y tomadores de decisiones, indicadores sobre las libertades económicas en las ciudades en cuatro áreas que tienen que ver con el desempeño económico municipal, la magnitud de su plantilla municipal, su intervención en la economía y la presión fiscal que aplica.

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Además, dicen los autores, se busca que los indicadores en cuestión generen un debate ordenado y basado en evidencia al respecto de la política económica municipal de las ciudades de Ecuador, que es, en ciertos casos aquella que afecta positiva o negativamente la economía, libertad y vida de los ciudadanos.

Entre las conclusiones del informe se encuentra que ninguna de las ciudades objeto de estudio alcanza niveles de libertad económica plena. De las 13 ciudades evaluadas ninguna supera los 70 puntos. La mayoría de ellas presentan niveles significativos de endeudamiento, lo que, en teoría, podría aumentar la recaudación impositiva para los ciudadanos, aunque no necesariamente se traduzca en mejoras en la calidad de vida.

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En lo que concierne al tamaño de la plantilla municipal, se observa un rango de empleados municipales en la mayoría de las ciudades que se mantiene dentro de un promedio. No obstante, Quito destaca al registrar cifras notablemente elevadas en este aspecto, lo que podría implicar una mayor capacidad de control sobre las actividades productivas, pero también podría generar una mayor burocracia y una recaudación más sustancial.

En lo que respecta al grado de intervencionismo económico por parte de los municipios, la mayoría de las ciudades mantienen un promedio de alrededor de 3 empresas municipales. Sin embargo, Quito y Cuenca se destacan al alejarse de esta cifra al registrar de 8 a 12 empresas públicas locales, lo que refleja un mayor nivel de intervencionismo en áreas que tradicionalmente podrían ser gestionadas por el sector privado, como la limpieza, la gestión de residuos sólidos y el transporte.

En relación a la presión fiscal municipal, se observa que la mayoría de las ciudades experimentan una alta presión fiscal y, al mismo tiempo, tienen un número limitado de empresas domiciliadas. No obstante, algunas ciudades con una baja carga impositiva tampoco logran atraer un mayor número de empresas, lo que podría deberse a otros factores como la tramitología y la burocracia.

Frente a los datos, Ciudadanía y Desarrollo recomienda a las autoridades locales que colaboren con el sector privado, la sociedad civil y la academia para evaluar la política económica y fiscal de las ciudades basándose en datos y evidencias sólidas.

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Se sugiere reducir la presión fiscal a las actividades económicas y promover la domiciliación de nuevas empresas en las ciudades para estimular el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Es importante considerar una reducción sustancial en la recaudación de multas y sanciones, y evaluar si esta política efectivamente disminuye el incumplimiento de normas, o si en realidad se ha convertido en una especie de “impuesto” adicional. Es esencial implementar medidas que mejoren la transparencia en la gestión de los presupuestos a nivel local.