En el marco de la concesión del Campo Sacha, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional denunció, este viernes, 7 de marzo, que la estatal Petroecuador se niega a entregar la documentación sobre los informes técnicos, jurídicos y económicos que justifiquen la conveniencia y/o necesidad de ceder el campo petrolero a un tercero bajo cualquier título, en esta caso al consorcio chino-canadiense Sinopetrol.

El Ministerio de Energía y Minas adjudicó el contrato de participación a Sinopetrol el 28 de febrero pasado, y de ahí hay un plazo de 30 días para que se completen pasos hasta ejecutar su suscripción. El consorcio Sinopetrol está conformado por Amodaimi Oil Company y Petrolia Ecuador, subsidiarias en ese orden de la estatal china Sinopec y de la canadiense New Stratus Energy.

Pedidos de juicio político, de examen especial a la adjudicación del campo Sacha y plantones anunciaron organizaciones sociales durante asamblea ciudadana

La delegación por asignación directa ha generado una serie de cuestionamientos y, ante ello, el Gobierno justificó el proceso por el estado del campo: se ha convertido en una “joya de la corona oxidada”, dijo el lunes pasado la ministra Inés Manzano.

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El campo Sacha aporta a la producción petrolera de Ecuador un promedio de 77.000 barriles por día de petróleo medio (25 grados de gravedad API), según cifras del 2024.

Además, para que el contrato se firme, el presidente de la República, Daniel Noboa, fijó un plazo para el desembolso de una prima de $ 1.500 millones que el consorcio deberá pagar hasta las 21:00 del 11 de marzo.

Daniel Noboa dice que, si hasta el 11 de marzo no se desembolsa prima, no se firmará el contrato del campo Sacha

En tanto, la comisión indicó que el 21 de febrero pasado solicitó formalmente a la Gerencia General de Petroecuador la información detallada y recordó que de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la documentación requerida debía ser entregada en un plazo máximo de 10 días , lo que implica que el plazo ya se cumplió.

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La comisión indicó que continuará con el procedimiento normativo correspondiente, poniendo en conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional este incumplimiento para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) adopte las medidas pertinentes en el marco de sus atribuciones.

“La opacidad en torno al proceso solo incrementa las sospechas sobre posibles irregularidades y pone en duda el compromiso del Gobierno con la defensa del interés nacional”, indicó la comisión, a través de un comunicado. (I)