Comunidad de Puerto Madero de Sucumbíos pide vigilar sentencia a favor de afectados por derrame de petróleo

La comunidad de Puerto Madero de la provincia de Sucumbíos pidió a la Defensoría del Pueblo vigilar el cumplimiento de la sentencia judicial que dice obliga a Oleoductos de Crudo Pesado (OCP) y Petroecuador indemnizar a las comunidades afectadas por los derrames de petróleo del 2020 y 2022.

Aunque aún no se conoce el monto de la indemnización, los afectados por los derrames expresaron su preocupación ante la pronta salida y “tiempo complementario” que tiene OCP, pues presuponen que una vez que OCP termine su contrato, no habrá quién pague los daños causados.

El viernes 5 de abril al ir a la Defensoría del Pueblo indicaron que la sentencia judicial ordenó que OCP y Petroecuador realicen un análisis de los daños causados para calcular el pago de la indemnización a las comunidades afectadas por estos derrames.

Alexandra Almeida, coordinadora de derecho en Acción Ecológica, mencionó que también están ante la espera de que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre cuáles serán las medidas de reparación, añadió que han pasado casi cuatro años de que ingresó la demanda en la CC.

La sentencia fue emitida el 28 de marzo de 2024 por el juez Jorge Aucancela, durante audiencia en la Unidad Judicial de Gonzalo Pizarro, Sucumbíos.

El abogado de los afectados, Diego Neira, explicó que hay un “daño ambiental acumulado y la falta de una respuesta oportuna.” Según el informe entregado en la pasada audiencia del Ministerio del Ambiente, OCP y Petroecuador se remedió el daño causado, pero que en algunos sectores aún existe daño.

A través de la recolección de muestras a ciegas se determinó que todavía existía una carga contaminante en ciertos puntos, esto debido a varios factores. Juan Pablo Morales, perito del caso, indicó que estos daños son reparables y se deberían a la mala calidad en el proceso de limpieza.

Ellos también se quejaron de todos los daños producidos por los derrames de petróleo en sus territorios. Dos de los pobladores dijeron que el agua contaminada del río les ha hecho daño a sus pieles. Alexandra Almeida comentó sobre los males que han traído la industria petrolera, como enfermedades en la que se destaca el cáncer.

Además, se hizo pública la entrega de una nueva demanda contra OCP en la Defensoría del Pueblo por parte de una pobladora del Chaco, Marina Díaz, con causal de un reciente derrame en la quebrada Macana, río Quijos, cantón el Chaco. Esta fuga de crudo empezaría el 23 de marzo y se expandiría hasta Coca Codo Sinclair, donde generó fallas eléctricas.

Esta demanda también es respaldada por Abraham Herrera, coordinador del Club de Kayak del Chaco, quien comentó el malestar de la comunidad aledaña y los daños en el río Coca, donde su grupo de kayak ha divisado partes del río con distintos colores: verde, fosforescente, azul, negro, por los químicos y fugas de crudo en estos territorios.

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Morales explicó que el derrame de petróleo del 7 de abril del 2020 tuvo su raíz en Santa Rosa y se extendió a través del río Coca a comunidades de Sucumbíos, Orellana y Napo. Según el análisis de la fuga en el oleoducto fueron 15.000 barriles los que salieron al río Coca, por la falta de mantenimiento en los últimos cuarenta años, especificando que en este caso se produjo por la erosión regresiva en el río Coca. (I)