Al menos tres cambios importantes se generan a partir de la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en el sector de telecomunicaciones, el cual abarca la telefonía móvil y servicios por suscripción de audio y video.

Estos son la posibilidad de que las empresas paguen el 50 % de dos rubros como la contribución del 1 % de su facturación para el plan universal de telecomunicaciones y las tarifas del espectro radioeléctrico, a través de proyectos para sectores priorizados o vulnerables; la eliminación del llamado “pago por concentración en el mercado”, para promover la competitividad; y las menores tarifas de impuesto a los consumos especiales (ICE) para los planes de los clientes.

El artículo 129 de la Ley de Desarrollo Económico indica que, con la finalidad de reducir la brecha digital, garantizar el servicio universal y la modernización del Estado a través del crecimiento tecnológico, los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de suscripción “podrán pagar hasta 50 % de los valores correspondientes a tarifas de uso del espectro radioeléctrico y contribución del 1 % sobre los ingresos facturados y percibidos (…) por medio de la implementación de proyectos de prioridad nacional”.

La idea es que estos proyectos sean preferentemente destinados a mejorar la conectividad en áreas rurales o urbano-marginales que serán determinadas y valoradas por el ente rector de las telecomunicaciones. En estos casos, se requerirá dictamen favorable de sostenibilidad fiscal emitido por el ente rector de las finanzas públicas.

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El artículo 130 de la ley indica que los proyectos y programas de servicio universal podrán ser ejecutados directamente por las empresas públicas o contratados con empresas mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria que cuenten con los respectivos títulos habilitantes. Estos pueden ser de prestación de servicios y ampliaciones de cobertura en zonas rurales, urbano-marginales, zonas priorizadas, así como en áreas de especial interés para el Estado que atiendan segmentos vulnerables. Todos ellos deben constar en el plan de servicio universal, previamente aprobado por el ente rector de las telecomunicaciones.

Jorge Cevallos, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicación (Asetel), comentó que el pago de hasta un 50 % de las tarifas de uso del espectro, que es una medida nueva y positiva, garantiza que estos dineros vayan a programas que generarán servicios que reduzcan la brecha digital y no que caigan en saco roto o que vayan a otros temas que no tienen relación con el sector, como había estado pasando.

De esta manera, las empresas podrán impulsar proyectos para dar servicio a pueblos lejanos con pocas personas, que no tienen conectividad y que normalmente no hubiesen sido apetecidos para una inversión por ser poco rentables. También se pueden hacer proyectos dirigidos a mejorar la conexión en carreteras. Lo pueden hacer con fibra óptica o radio bases. Esto lo decide el Gobierno.

Adicionalmente, explica que este 1 % existe desde el 2008, y que la idea era generar un fondo con estos recursos para poder aplicar obras a favor de la digitalización de las comunidades que no lucen rentables para las empresas. Y desde entonces se generaron unos $ 300 millones. Sin embargo, los fondos, en manos del Estado, nunca fueron hacia el objetivo previsto.

En este sentido, es positivo que ahora se establezca que el 50 % de ese 1 % pueda ser pagado con obras y proyectos que permitan conectar digitalmente a las personas que no están conectadas. Sin embargo, dice que es extraño que el Gobierno en pocos meses haya cambiado de opinión, pues el propio presidente Guillermo Lasso, había emitido el decreto ejecutivo 126 en julio pasado, en el que se permitía que ese pago sea de la totalidad del 1 % y no solamente del 50 %. Este nunca se puso en vigencia, pues el Ministerio no emitió el reglamento.

En otro punto, la ley elimina el artículo 34 de la Ley de Telecomunicaciones. Este artículo establecía una tabla progresiva de pagos en función de la porción del mercado que cada una ocupaba. Debían pagar entre el 0,5 % y el 9 % dependiendo de la concentración del mercado de cada empresa. Este pago, que era manejado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, se elimina, pero dicha eliminación entra en vigencia recién el 1 de enero de 2023.

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Cevallos evalúa de manera positiva los cambios que se han dado a la ley para su sector. No obstante, lamenta que este no se haya eliminado desde el 1 de enero de 2022, sino que en una transitoria se establece que se elimina a partir de enero del 2023. Esta tabla de pagos se había convertido en un limitante para crecer, pues las empresas preferían quedarse en un rango para no tener que pagar más. Lo que hacía esta tabla era más bien eliminar la competencia. Es un pago que nunca debió existir, dice.

Señala también como positiva la eliminación del impuesto a los consumos especiales (ICE) tanto para planes corporativos como personales. Estos menores valores para los clientes se verán reflejados en las facturas de diciembre, con una reducción del 15 % y del 10 %, dependiendo del tipo de plan.

Para Lucas Gallito, director para América Latina de GSMA (Asociación Global del Ecosistema Móvil), que aglutina a empresas de telefonía de la región, la vigencia de la ley es un paso positivo. Por un lado, la eliminación del ICE dice que significa dejar de gravar con un impuesto que era un servicio suntuario, cuando en realidad es una herramienta para democratizar el acceso a la información y a la digitalización.

Consideró que las demás reformas también van encaminadas a reducir la brecha digital, y explicó que también van en la misma línea de las propuestas que GSMA hizo a los candidatos a la Presidencia durante la campaña.