La proforma 2022 llegó a la Asamblea el sábado por la noche con mayores gastos permanentes, especialmente en salarios del sector público. El gasto en personal llegará en 2022 a $ 9.094,6 millones. Esta cifra es mayor en 10 % a los $ 8.243,2 millones que constan en el presupuesto codificado del 2021 con corte a agosto.

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Llama la atención que este año el déficit se presenta tanto en el gasto permanente como en el no permanente, contradiciendo la regla macrofiscal que indica que ingresos permanentes deben ser suficientes para financiar los gastos permanentes. Así, los ingresos permanentes son $ 21.148,8 millones, y los gastos permanentes llegan a $ 21.888,2. Esto es un faltante de $ 739,6 millones en ingresos permanentes. Adicionalmente, los gastos no permanentes llegan a $ 6.009,8 millones, mientras que los ingresos no permanentes alcanzan apenas $ 2.965,9 millones, por lo que faltan $ 3.043,8 millones. En total, el déficit llega a $ 3.783,4 millones, un 3,5 % del PIB.

De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) los gastos permanentes venían siendo mayores que los ingresos permanentes durante ya varios años. Sin embargo, esto no se transparentaba, pues los gobiernos anteriores estaban registrando erróneamente los gastos de personal de ciertos sectores en el rubro de gastos no permanentes. Ahora, en la proforma 2022 se registran de mejor manera los gastos de personal y también se colocan los bonos de protección social como gastos permanentes, lo cual es técnicamente correcto. En todo caso, este déficit que existe en el gasto permanente podrá ser financiado, según la Constitución, excepcionalmente por ingresos no permanentes, y con base en este principio se emitió el decreto ejecutivo 170 de agosto pasado.

Aunque los gastos permanentes suben, en cambio se da un ajuste importante en el gasto de inversión, que presenta una asignación de $ 339,46 millones. La cifra comparada con el codificado al 31 de agosto de 2021 registra una disminución de $ 809,46 millones. El Ministerio de Economía explica que dicha reducción en su mayoría se debe a que el financiamiento de la masa salarial de 21.445 funcionarios del Ministerio de Salud Pública estuvo cubierto con egreso de inversión. De acuerdo con el Ministerio, con el propósito de transparentar la información y ubicar los recursos conforme la naturaleza del gasto, pasarán a formar parte de la nómina de egreso corriente del Ministerio de Salud Pública por un valor de $ 394,57 millones. De igual forma, en el Ministerio de Educación se incorporarán 32.923 funcionarios que pasan a ser financiados con egreso corriente, por $ 395,41 millones.

De acuerdo con la proforma, las entidades que pagan mayores recursos en gasto de personal son Educación con $ 2.426 millones, Salud con $ 1.525 millones, Policía Nacional con $ 1.320 millones, Defensa Nacional con $ 1.226 millones y Universidades y Escuelas Politécnicas con $ 823 millones.

Sin embargo, Carrera dice que aún hay temas por transparentar ya que, por ejemplo, los incentivos jubilares, que ascienden a $ 230 millones, que también son permanentes aún se mantienen como gastos no permanentes en la propuesta presupuestaria 2022. El experto opina que el déficit a futuro debe seguir achicándose, reduciendo los gastos en general. El Ecuador tiene un problema estructural y es que los gastos permanentes (sin tomar en cuenta la CFDD, que tiene que ver con importación de derivados) ascienden a un 75 % de los gastos totales. En otros países este rubro está entre el 50 % y 60 %.

Para Carrera, en cuanto a los ingresos, tanto los no tributarios, los petroleros y venta de activos están sobreestimados. Explica, por ejemplo, que el Gobierno está esperando obtener $ 985 millones, pero no establecen con claridad de dónde vendrán estos recursos, nombran varias posibilidades, pero no hay certezas, sostiene.

También considera que los ingresos petroleros no reflejan la verdadera dimensión de lo que serán las exportaciones. En sus cálculos, el Estado recibiría unos $ 1.000 millones menos de lo esperado.

Carrera indica que con un déficit como el actual no se alcanzaría el superávit del sector público no financiero de $ 85 millones, que se establece en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año. El Ministerio de Economía advirtió antes de enviar la proforma que los ingresos adicionales que se espera recaudar por la nueva reforma tributaria, que actualmente está en la Asamblea y que podría llegar a $ 1.800 millones en dos años, no se verán reflejados en la proforma, pues la normativa solo le permite colocar ingresos ciertos, no proyectados.

Entre tanto, el Gobierno prevé un precio promedio del crudo de $ 59,20, y espera que la economía crezca un 2,85 % del PIB. La inflación (promedio) calculada para 2022 se fijó en 1,28 %. Adicionalmente, se espera llegar a un volumen de producción fiscalizada de petróleo equivalente a 179,88 millones de barriles al año. En cuanto a las necesidades de financiamiento de la proforma 2022 alcanzan los $ 9.768,85 millones, la cifra representa $ 874,74 millones más que el valor codificado a agosto del 2021.

Gobierno cumple incremento de 0,5 % para educación y salud

El Gobierno señala que se cumplirá la disposición constitucional de incrementar en un 0,5 % del PIB los recursos destinados para educación y salud. Así, para el ejercicio fiscal 2022 se ha estimado el PIB en $ 109.618,57 millones, de allí que el presupuesto adicional destinado para educación inicial, básica y bachillerato asciende a $ 554,73 millones, “rubro que refleja el incremento conforme la normativa legal vigente”, dice Finanzas. En total, este año educación recibe $ 3.419 millones.

En lo que respecta al Sistema Nacional de Salud, el incremento en la proforma 2022 asciende a $ 559,13 millones, rubro que representa un aumento del 0,5 % en relación con el PIB estimado para proforma. En total, el sistema de salud recibirá $ 3.409,5 millones.

Monetización y venta de activos avanzan

El Gobierno establece en la proforma 2022 que habrá una venta de activos por $ 985 millones. Y habla de la monetización y ventas de activos del Estado como la refinería Esmeraldas, Termogás Machala, Monteverde y Sopladora.

Sobre refinería, indica que el 10 de julio de 2020, mediante Decreto Ejecutivo n.º 1094, se otorgó la excepcionalidad al proyecto Refinería Esmeraldas para su operación conjuntamente entre Petroecuador y la empresa privada. Del proyecto Termogás Machala el Estado se encuentra analizando una propuesta no solicitada para realizar la inversión necesaria. En cuanto al proyecto de Sopladora, el objetivo del proyecto sería realizar una licitación para la operación y el mantenimiento de la central hidroeléctrica. El último proyecto analizado para una posible monetización es el Terminal Marítimo Monteverde, su posible delegación se fundamenta en la recepción de una propuesta no solicitada con el objetivo de mejorar, operar y mantener el sistema de almacenamiento. Se tiene previsto continuar con el proceso de venta del Banco del Pacífico.

Bonos para protección social llegan a $ 1.470,9 millones

La proforma 2022 prevé realizar gastos en programas de protección social para las familias vulnerables del país por un monto total de $ 1.470,93 millones, explicó el Ministerio de Economía y Finanzas. Para el Bono de Desarrollo Humano se han asignado $ 631,85 millones. Entre tanto, la pensión de adultos mayores representará un gasto de $ 391,46 millones. El Bono Joaquín Gallegos Lara tiene recursos por $ 123,51 millones y finalmente la pensión para personas con capacidades especiales llega a $ 109,09 millones.

Los bonos de protección social han crecido en Ecuador, especialmente por la pandemia, para favorecer a las familias de menores recursos. Entidades multilaterales como el Banco Mundial consideran que la entrega de bonos es un subsidio que debidamente focalizado sí cumple con su rol de aliviar las presiones sociales en los más pobres. (I)