Unas 20.000 personas y unas 1.600 empresas tendrían que cancelar las contribuciones temporales denominadas “para el impulso económico y sostenibilidad fiscal post-COVID-19″, según los cálculos del Gobierno. Estas son contribuciones dirigidas a los sectores más pudientes del país: personas que tienen patrimonios por sobre los $ 500.000 y empresas que teniendo patrimonios de más de un millón de dólares han registrado en 2020 utilidades y mayores ventas que en 2019.