Sin un avance a la vista de un proyecto reformatorio que dejó el anterior gobierno para hallar una solución a los empleados impagos de los medios de comunicación incautados, los extrabajadores han retomado los plantones en Guayaquil para exigir al nuevo gobierno una solución inmediata.

Los exempleados, algunos de los cuales tienen enfermedades catastróficas, llevan entre dos y tres años sin recibir sus liquidaciones y sin poder acceder a los servicios del IESS ante las deudas que mantienen los medios incautados.

Margarita Constante, una de las voceras de los 200 extrabajadores, señaló que están pidiendo al presidente Guillermo Lasso que emita un decreto ejecutivo que permita el pago de los valores pendientes.

La excolaboradora de la emisora Súper K800 planteó esa posibilidad debido a que el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Compañías, que permitiría viabilizar el pago de las liquidaciones y otros haberes, no tiene avance en la Asamblea Nacional y temen que su tratamiento tome meses.

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TC Televisión mantiene condición de empresa privada, pero con acciones mayoritarias en manos del Estado

“Nos han dicho (en la Asamblea) que ese proyecto está en la Comisión Económica de Desarrollo, allí nos han indicado que ahora están en la Ley de Transporte, nos dicen que esperemos, pero allí está estancado eso”, dijo Constante.

Los extrabajadores efectuaron la tarde del jueves un plantón en los exteriores del canal TC Televisión, donde funcionaban parte de los medios incautados en el 2008 por el gobierno de Rafael Correa.

Entre esas empresas incautadas están Cablevisión, la editorial Uminasa, las radios Súper K-800, Carrousel, La Prensa Sport y El Telégrafo. El accionista mayoritario es la Empresa Medios Públicos EP.

Con pancartas y fotos de sus compañeros fallecidos, los excolaboradores mostraron su preocupación porque algunos están pasando por dificultades graves de salud y no tienen recursos para solventar los gastos.

Seis acciones marcan un nuevo giro comunicacional en el Gobierno

Rodolfo Enríquez, uno de los afectados de radio Súper K-800, sostuvo que esperan que las autoridades del nuevo Gobierno nacional se hagan eco de su reclamo y que se ponga fin a la vulneración de sus derechos laborales.

“Hay compañeros en edad avanzada, enfermos, lo que queremos es que a través de un decreto presidencial nos paguen”, sostuvo Constante, quien reiteró que no dejarán los plantones hasta que sean escuchados.

El gobierno anterior realizó consultas a la Procuraduría sobre la situación, pues consideraba que los medios tenían un carácter de empresas privadas, esto pese a que el Estado tiene el paquete accionario. (I)