El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) con Ecuador y publicó el informe de la Evaluación de la Estabilidad del Sector Financiero (EESF) correspondiente.
El informe, que fue concluido el 29 de agosto pasado, habla sobre la estructura del sistema financiero, conformado mayoritariamente por bancos y cooperativas. Además indica que, “si bien la dolarización proporciona un ancla importante para la economía ecuatoriana, los riesgos sistémicos de liquidez son elevados debido a la limitada capacidad del banco central para suministrar liquidez”.
Es decir, al existir una economía dolarizada, al Banco Central le está prohibido emitir dólares, por lo que no es un actor que pudiera cumplir este rol como prestamista de última instancia.
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Además indicó que el sector financiero es, en general, resiliente ante los shocks macrofinancieros adversos. Sin embargo, señaló que algunas instituciones “presentan notables vulnerabilidades de solvencia y liquidez”. Además indicó que para preservar la confianza es esencial “reforzar la capitalización, reconocer sin demora las pérdidas por préstamos incobrables y abordar las instituciones no viables”.
El informe se basa en la labor de las misiones conjuntas del FMI y el Banco Mundial que visitaron Ecuador, entre noviembre y diciembre de 2022, y entre abril y mayo de 2023.
El informe es crítico con la supervisión, es decir, a la estructura de control, como la Superintendencia de Bancos. Así, indica que un hallazgo de la EESF es que el marco institucional para la supervisión del sector financiero es complejo, carece de coordinación y se presta a la intervención política. “Se necesitan reformas para reforzar la independencia de la función de supervisión, dar prioridad a la seguridad y la solidez, separar la supervisión prudencial de otras funciones y afianzar sustancialmente el enfoque de supervisión”, dijo el multilateral.
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También asegura que los nuevos avances que se precisan en el marco macroprudencial han de lograrse desarrollando una mayor capacidad analítica para todo el sector financiero, mejorando el intercambio de información y la coordinación y definiendo con claridad las funciones de múltiples instituciones.
Del mismo modo, el marco jurídico para la resolución bancaria (reestructuración) debe reforzarse estableciendo responsabilidades más claras para las entidades participantes, ampliando el conjunto de herramientas de resolución y garantizando que las decisiones de resolución no sean revocadas, indicó.
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Además dice el informe del FMI que se debe mejorar el acceso de la entidad aseguradora de depósitos a la información y a financiamiento de respaldo, y se deben examinar los mecanismos existentes a fin de flexibilizar la provisión de asistencia de liquidez de emergencia.
También es necesario reforzar urgentemente la gestión de Gobierno y los controles internos de los bancos públicos, y los límites de las tasas de interés deberían migrar “hacia una tasa de usura”. La tasa de usura es un término técnico para indicar que, si existen techos en las tasas, deben ser altos para procurar la inclusión financiera.