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Gasolineros no están dispuestos a participar en mecanismo de focalización que proponen Gobierno e indígenas, por inviable

Distribuidores de combustibles insisten al Gobierno que militarice las gasolineras, frente a las ataques registrados en al menos dos estaciones de servicio.

Representantes de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) hicieron varios pronunciamientos sobre focalización, necesidad de militarización de estaciones, y otros problemas que entorpecen su operación. Foto: Patricia Sandoval Foto: El Universo

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La Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) aseguró que no está dispuesta a participar en el proceso de focalización de combustibles que lleva adelante el Gobierno en conversaciones son el sector indígena. Su presidente, Ivo Rosero, indicó este jueves 10 de noviembre que existen limitantes de tipo tecnológico, financiero y tributario que hacen inviable la propuesta.

Rosero explicó que la mayoría de estaciones del país -más del 50 %- no tiene sistema de facturación automática. Este sistema se conecta directamente con los distribuidores de las gasolineras. Sin embargo, muchas gasolineras tienen distribuidores mecánicos y no pueden tener el software.

Adicionalmente, advirtió que la implementación de este sistema podría generar gastos millonarios, incluso desproporcionados. Esto porque de los que se ha averiguado de manera individual, un sistema de facturación automática podría costar entre $ 15.000 a $ 20.000 por estación. Esto multiplicado por las 1.231 gasolineras podría costar entre $ 15 millones y $ 20 millones. Sin embargo, le parece incomprensible que en reuniones diversas se haya hablado de que un sistema apéndice de este que es para la identificación de los beneficiarios pudiera llegar a costar entre $ 200 millones y $ 300 millones.

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Entre tanto, explicó Rosero que las estaciones tampoco disponen de un internet de alta velocidad que les permita conectarse en nano segundos con el Registro Civil, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Petroecuador.

En cuanto al tema financiero, consideran que la liquidez de las gasolineras estará en riesgo, pues el sistema plantea que los gasolineros compren gasolina cara para luego venderla más barata y que a futuro el Estado les devuelva ese valor extra que pagaron a los subsidiados. Dijo que existen experiencias previas con respecto a Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que les hace temer que si no hay el pago inmediato, ellos tendrán problemas de liquidez que podría terminar en paralizaciones forzosas.

En cuanto a lo tributario, hay dudas de cómo se pagaría el impuesto al valor agregado (IVA) si adquieren un combustible caro, y cómo sería la compensación con el subsidiado.

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La propuesta de la Cámara es una mucho más sencilla, sin costo para el Estado ni para los gasolineros: el uso de la tarjeta magnética con base a un cupo. Esas tarjetas podrían ser recargadas mensualmente con dinero, equivalente al subsidio. Esta herramienta sí puede funcionar en todas las gasolineras, pues en todas existe data fast. Otra opción es entregar las ayudas a través de una billetera electrónica. Lamentó que estas propuestas no hayan tenido ninguna recepción por parte del Gobierno.

De otro lado, la Cámara se ratificó en la necesidad que el Gobierno militarice las gasolineras, al menos en Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo. Esto como una medida disuasiva frente a los ataques de los que han sido objeto al menos doce estaciones de servicio.

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Rosero explicó que el lunes pasado hubo una reunión del Gobierno con las comercializadoras, pero que hasta ahora no hay una respuesta concreta del Gobierno en este tema.

Adicionalmente, dijeron que las gasolineras no tienen los recursos para proveerse de una guardia privada. Y sacaron a relucir el reiterado pedido que han hecho durante varios años de que se descongele el margen de comercialización y transporte que tienen al momento que es de 16 centavos. Por ello piden que se les restituya los cinco centavos adicionales otorgados en octubre del 2019, y que se eliminaron a los pocos días por el paro indígena. También solicitaron que el Estado se haga cargo del flete del combustible como sucede en la provincia de Morona Santiago. Otro de los pedidos es que se procese la disminución al 50 % de los porcentajes de retención del IVA Presuntivo y la eliminación de la retención del 100 % del IVA por parte de los entes públicos.

Efectivamente, los problemas que tienen al momento las distribuidoras han llevado a la Asociación de Distribuidores de Manabí a plantearse realizar una acción en el terminal de Barbasquillos. Julio Hidalgo, presidente de este gremio, dijo que sus socios están muy decepcionados de la falta de respuesta del Gobierno. Sin embargo, justamente esta mañana se ha conocido de la invitación del nuevo ministro de Energía, Fernando Santos, para una reunión que se realizaría el 23 de noviembre con todo el gremio. En respuesta a esta apertura del ministro, los gasolineros de Manabí accedieron a diferir la medida hasta después de la reunión, o deponerla defintiviamente, dependiendo e los acuerdos alcanzados. (I)

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Redacción
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