Gasto en seguridad de los sectores pesquero y acuícola asciende a más de $ 200 millones al año

El nivel de inseguridad en el país preocupa a los diferentes sectores productivos que hacen sus propios cálculos sobre el impacto que les causa en inversión el proteger sus cadenas. Por ejemplo, el sector pesquero y acuícola calcula que al año invierten alrededor de $ 200 millones en seguridad. Así lo reveló Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP).

“En algún momento nos pusimos a sacar cuentas el sector pesquero y el acuícola de más o menos el costo que las empresas de estos sectores tienen que gastar por temas de seguridad y el valor pasa de $ 200 millones”, contó Leone, quien específico que dentro de ese cálculo están los servicios de guardianías, sistemas satelitales, caravanas, convoyes, escoltas para trasladar la pesca y exportar, además del lucro cesante, el robo de equipos electrónicos en los barcos, y otros.

Inseguridad pasa factura a comercios e industrias que acortan sus horarios para cuidar a sus empleados, pero proyectan pérdidas

En lo que va del año, entre enero y mayo pasado según las últimas cifras del Banco Central, los sectores acuícola y pesquero generaron para el país $ 3.911 millones de divisas. En el caso de la pesca, según Leone, entre el 55 % y el 58 % de la producción se concentra en la provincia de Manabí, que junto a Los Ríos y el cantón Durán, en Guayas, se encuentran en estado de excepción debido a la escalada delincuencial, que incluso cobró la vida del alcalde Manta, Agustín Intriago, asesinado la semana pasada en el puerto manabita. Ecuador procesa anualmente alrededor de 560.000 toneladas de pesca al año.

Respecto a la situación en Manabí, Leone aseguró que las industrias que operan en esa provincia no han reportado novedades en cuanto a impactos por la inseguridad en estos días. “No ha pasado ni una semana (desde el asesinato del alcalde), no hemos tenido conocimiento ni reportes de nuestras agremiaciones hermanas que están en Manta, que son Atunec y Ceipa que haya habido situaciones de fuga de personal o que no hayan querido ir a trabajar”, manifestó el titular de la CNP, quien puntualizó que el sector cuenta desde hace mucho tiempo con protocolos de seguridad y procedimientos para evitar situaciones derivadas de la inseguridad.

De todas maneras, Leone indicó que el sector espera que los anuncios del Gobierno sobre la aplicación de planes de seguridad para bajar el índice de de inseguridad se efectivicen.

“Dicen que ellos tienen sus planes de seguridad y que están actuando y que no van a permitir que sigan amedrentando y causando daños a la ciudadanía, así que esperamos que eso funcione. Nuestros protocolos de seguridad están ahí, son de estándares internacionales y seguimos siempre en eso, ya veremos con el pasar de los días”, sostuvo el dirigente.

En tanto, desde el sector acuícola se busca un incentivo de parte del régimen a las empresas que invierten en seguridad.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), reiteró que se pedirá al Gobierno la doble deducibilidad de los gastos que hagan las empresas en materia de seguridad, para que por lo menos exista algún incentivo de carácter tributario. Actualmente el costo de guardias, cámaras, candados satelitales... lo deducen como parte de su estructura de costo y les baja la base imponible para el pago de impuesto, pero plantean tener el beneficio que se da por proyectos de transformación de energía, de energía más limpia, o cuando se invierte en proyectos de fomento al deporte, en fomento a la cultura, que pueden considerar hasta el doble del gasto: si gastó $ 1.000 puede deducir $ 2.000.

“La gente que ha dejado de comprar diésel camaronero es porque está comprando diésel que no le corresponde”

“En este momento nosotros no tenemos ese beneficio, entonces hay un gasto importante en seguridad que es responsabilidad del Estado, la justa contraparte es que el Estado ya que no cumple con su labor haga un sacrificio en una doble deducibilidad para las empresas que tienen este esto costo considerable”, sostuvo.

Por su parte, Leone reconoció que desde el sector pesquero no se tiene conocimiento de este pedido.

Inseguridad incrementa los costos del sector palmicultor hasta en un 20 %

Mientras, desde el sector palmicultor existe un doble impacto por la inseguridad, según Oscar Calahorrano, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de la Cadena Productiva del Aceite de Palma (Propalma), quien aseguró que los costos se han incrementado entre un 10 % y hasta 20 % debido a la necesidad de brindar las mejores condiciones posibles de seguridad por iniciativa privada a los trabajadores.

“Además las ventas de nuestro sector y de muchos otros sectores se ven afectadas por la inseguridad, segmentos de demanda muy relevantes como el de hoteles, restaurantes y cafeterías están seriamente afectados en la provincia (Esmeraldas) y el país con una contracción que supera el 25%, porque las personas ya no pueden salir de sus hogares”, aseguró Calahorrano, quien recordó que la provincia de Esmeraldas representa el 29% de la producción nacional de aceite crudo de palma que lentamente se viene reactivando tras el embate de la pudrición del cogollo que exterminó más de 110 mil hectáreas.

No obstante, el dirigente aseguró que no se puede hablar de un impacto individualizado para el sector palmero, al lamentar que toda la provincia y el país están afectados por la inseguridad.

“Existen cantones y zonas casi inaccesibles, además nuestro sector está de luto por el reciente asesinato de un palmicultor y líder social, nadie puede estar tranquilo y desde cualquier espacio debemos levantar la voz para reclamar acciones urgentes y emergentes”, expresó Calahorrano, quien aseguró que Esmeraldas enfrenta una gran depresión debido a la inseguridad, que ha llevado incluso al cierre de negocios, entre ellos la agencia del único banco privado que atendía al cantón San Lorenzo.

“La gente que requiere realizar depósitos, retiros, cambios de cheques debe movilizarse hacia otros cantones en búsqueda alternativas puesto que la banca pública (BanEcuador) no tiene la capacidad ni operatividad para atender al cantón”, aseguró el titular de Propalma. (I)