Este viernes, 2 de agosto, se dictará la sentencia de la acción de protección que frenó la consulta ambiental del proyecto minero La Plata en el cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi, y con ello se definirá si ese proceso continuará paralizado al aceptarse las demandas de las comunidades y colectivos sociales o si, por el contrario, este se reanuda.

Proyecto minero La Plata prevé una producción anual de 310.250 toneladas de oro, plata y cobre

En horas de la mañana, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) indicó que la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Sigchos amaneció cerrada con candado y que no se permitió el acceso a las partes procesales pese a que este colectivo pidió con anterioridad que la sesión fuera presencial.

Asimismo, el Frente Nacional Antiminero (FNA) informó que esta Unidad Judicial se encuentra con “fuerte” presencia policial en el cantón Sigchos, a pocos instantes de dictarse la sentencia del caso.

Publicidad

Por lo que los colectivos sociales señalan que esto es un “atropello” a los derechos de los pueblos y nacionalidades, además de una vulneración del proceso. En ese sentido, la Conaie exigió que se garantice la justicia y transparencia en este proceso judicial.

Sin embargo, los actores procesales de la parte demandante y de la demandada, que son los ministerios del Interior, de Energía, del Ambiente, además de representantes de la Procuraduría, de la Presidencia y la empresa minera Atico Mining, ingresaron de manera telemática a la audiencia pública, así se constató en el link que emite dicho proceso.

Mientras, a la espera del resultado, decenas de comuneros realizan un plantón afuera de la Unidad Judicial en Sigchos.

Publicidad

El análisis de la acción de protección que frenó el proceso lleva más de tres meses y enfrenta a los demandantes, quienes califican a la consulta ambiental de represiva, hostigante y de infundir temor en la población, y cuestionan la entrada, militarización y presencia policial que hubo en la zona y también de civiles con palos y cuchillos a partir del 7 de marzo en el territorio de Palo Quemado, quienes habrían amenazado a las personas que se oponen a este proyecto minero y montado retenes en las localidades de Las Minas, Santa Rosa, San Pablo. También aseguran que sus pobladores no fueron consultados en los procesos de socialización del Ministerio del Ambiente para el proyecto que tiene a cargo la empresa Atico Mining.

Del otro lado, el Ministerio del Ambiente sostiene que la minera canadiense realizó su regularización y estudio de impacto ambiental en 2021, en el que -según el censo del 2010- la población se considera mestiza y que no hay comunidades indígenas en las áreas de influencia directa o indirecta. Que los recintos San Pablo y Las Minas de la Plata son las áreas de influencia directa de la concesión minera, y que Palo Quemado es un área de influencia indirecta. Y que la presencia policial y militar en la zona se debió a un llamado de 44 ciudadanos que solicitaron resguardo para el proceso de participación ciudadana. (I)