Después que la Corte Constitucional (CC) aceptó, el pasado 14 de febrero, una acción de protección de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que impugna sentencias de primera y segunda instancia que reconocían derechos colectivos a servidores públicos a quienes no les correspondía beneficiarse de un contrato colectivo, y que dispusiera que estos servidores deben devolver a la empresa pública $ 79,8 millones, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, explicó el procedimiento que el Ministerio de Energía y Minas, órgano rector de la CNEL, deberá realizar para ejecutar los cobros.