La secretaria Jurídica de la Presidencia, Mishel Mancheno Dávila, fue designada delegada permanente del presidente de la República ante el directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
El nombramiento de Mancheno se concretó en el Decreto Ejecutivo 346, firmado por el presidente Daniel Noboa el 7 de agosto.
La Arcom fue creada el 8 de mayo, en el Decreto Ejecutivo 256, en el cual se dispuso el cierre de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. En dicho decreto el Gobierno también ordenó la creación de las agencias de regulación y control de electricidad, así como de hidrocarburos, Arconel y ARCH, respectivamente.
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De acuerdo con la Ley de Minería, la Agencia de Regulación y Control Minero es el organismo encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera.
Los directorios de las tres nuevas agencias estarán conformados por el ministro rector del ramo o su delegado, quien lo presidirá, un delegado permanente del Presidente de la República y el secretario nacional de Planificación o su delegado permanente.
Nueve atribuciones tienen los directorios, entre ellas está proponer proyectos de leyes, reglamentos o sus reformas; establecer los montos de competencia del director de la Agencia, para la contratación de obras, bienes y servicios y la enajenación de buenes.
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Mishel Mancheno Dávila era delegada del presidente de la República ante el directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Dicha agencia se instauró en mayo de 2020, para fusionar a las entonces Arcom, Arconel y ARCH. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa decidió escindir la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables porque en los decretos de su creación “no consta el análisis operativo, técnico, económico y jurídico que justifique la fusión” de las tres agencias en una sola entidad.
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Además, el jefe de Estado argumentó en el decreto 256 que “es necesario fortalecer a las instituciones del Estado, mediante políticas de gobernabilidad, con una estructura adecuada y altamente eficaz, brindando la institucionalidad suficiente que le permita cumplir a cabalidad las facultades de regulación y control sectorial”. (I)
