La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, informó que reformará el Acuerdo Ministerial 2018-185 del año 2018, con lo cual el Estado reconocerá el pago de la compensación jubilar a los familiares de exservidores públicos jubilados que han fallecido, que tenían derecho a la bonificación, pero no la recibieron.
El anuncio lo hizo el miércoles 30 de abril durante un evento con maestros jubilados, en el que se expusieron cifras de las asignaciones y pagos a los exservidores.
El acuerdo ministerial en cuestión fue expedido en agosto del 2018 y establece las “directrices para los procesos de desvinculación de servidoras y servidores con nombramiento permanente, con el fin de acogerse al retiro por jubilación”.
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Núñez indicó que se hará la reforma una vez que se obtuvo un dictamen fiscal favorable por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
Dijo que se estima que la deuda total por estas bonificaciones supera los $ 500 millones.
“Cuando vimos la nómina de las personas que tenían derecho a la bonificación por jubilados, nos encontramos que muchos de ellos habían fallecido”, indicó.
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Tras identificar esa problemática, el ministerio acogió la propuesta de que los deudos puedan recibir la bonificación que les correspondía a los exservidores que no cobraron.
Se trasladó el planteamiento al Ministerio de Finanzas, para su evaluación del impacto fiscal, y el 30 de abril la entidad emitió su dictamen.
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“Hoy día (miércoles 30 de abril) el Ministerio del Trabajo procederá a emitir la reforma al Acuerdo Ministerial 2018-0-185. De tal manera que todos los familiares de las personas que tenían en su momento que recibir esta bonificación por jubilación y no tuvieron el momento oportuno para recibirla porque no fueron atendidos, van a ser atendidos ahora”, afirmó la ministra del Trabajo; sin embargo, no proporcionó datos de cuántas personas se beneficiarían.
Señaló que en 2024 el Gobierno asumió una deuda de más de $ 900 millones por compensaciones pendientes de pago, de las cuales canceló $ 244 millones.
Según datos del Ministerio del Trabajo, en el 2024 el Gobierno desembolsó $ 244,4 millones a 4.960 exservidores, mediante nueve procesos de pago que se distribuyeron en $ 100,8 millones en efectivo y $ 143,6 millones en bonos.
Entre enero y abril del 2025 se han pagado $ 66,9 millones por concepto de compensaciones jubilares a 1.177 exservidores y extrabajadores del sector público.
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Los recursos se han desembolsado mediante pagos en efectivo ($ 22,9 millones) y a través de bonos del Estado ($ 44 millones).
Para el 2025 el Estado presupuestó $ 230 millones para cubrir a los jubilados. De ese monto, los valores repartidos hasta abril representan alrededor del 30 %, según las cifras compartidas por el Ministerio del Trabajo, el miércoles 30 de abril.
Núñez aseveró que aún existe una deuda de más de $ 500 millones. “El Gobierno nacional está haciendo todo el esfuerzo para poder cubrir estas deudas”, dijo.
Los familiares que recibirán las bonificaciones serán aquellos que consten en un listado oficial que surja de la información que proporcionen las diferentes entidades del Estado, explicó y mencionó que el pago a los deudos “no puede demorar más de tres meses”.
La ministra contó que existen casos de jubilados que por más de diez años no habían podido acceder a su bonificación pese a sus reclamos.
Algunos pagos se arrastran desde 2016. Frente a lo cual, afirmó, el Estado ha venido cubriendo dichas compensaciones paulatinamente.
“Se han hecho unas preferencias para las personas que han estado muy mal de salud del año 2021, 2022 y hemos constatado que eso nos ha permitido ponerlos en la lista de prioridades. Enfermedades catastróficas, discapacidades. Sí, y las personas que también se hacen semanalmente diálisis, porque están en una etapa muy difícil y necesitan los recursos económicos”, señaló.
La Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) determina que los servidoras o servidores que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado, por cada año de servicio, contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de 150 salarios básicos en total, a partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015. (I)
