El tiempo corre para que se reanuden las mesas de negociaciones para la renovación de los contratos de concesión con las empresas telefónicas Claro y Movistar. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) fijó la fecha máxima para el reinicio de las conversaciones con las operadoras, que se suspendieron por primera vez en mayo del año pasado.
Los diálogos se habían iniciado el 13 de diciembre de 2022, pero mediante una resolución de Arcotel, con fecha del 25 de mayo de 2023, se suspendieron por 120 días. Antes de que se cumpla este lapso, el Gobierno firmó con la operadora Claro una prórroga de su contrato, que vencía el 26 de agosto. Con la telefónica Movistar hizo lo mismo en noviembre del año pasado.
Publicidad
Las reuniones con las dos multinacionales se reanudaron el 21 de noviembre de 2023, pero una resolución de Arcotel, con fecha del 23 de noviembre, nuevamente suspendió las reuniones por 60 días adicionales a los 120 dados inicialmente. La semana pasada, la Arcotel señaló la fecha tope establecida para que el Gobierno se siente a negociar con las operadoras.
“El plazo máximo de suspensión sería hasta el 29 de mayo de 2024, retomándose las mesas a partir del 30 de mayo de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024 y que corresponde al plazo máximo de ampliación de las reuniones de trabajo del proceso de negociación de la renovación del SMA (Servicio de Móvil Avanzado)”, señalan informes de la Dirección Técnica de Títulos Habilitantes de Servicios y Redes de Telecomunicaciones.
La reanudación de los diálogos mantiene en expectativa al sector. “Es un proceso que nos atañe a todos, por la importancia que tiene, no solamente por la prestación de los servicios de los clientes actuales sino por el impacto positivo que generan las telecomunicaciones en la sociedad y en la economía del país”, recalca la directora de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador, Asetel, Patricia Falconí.
La ejecutiva destacó que de este sector dependen 30.000 empleos en el país, entre trabajos directos e indirectos, “en toda la cadena de valor: distribución, servicios, operación, mantenimiento”. “Las telecomunicaciones tienen un efecto transversal en todos los sectores productivos y sociales del país, es un tema del cual estamos muy pendientes de sus avances”, comentó Falconí.
Publicidad
No solo se considera el impacto laboral. El Estado también recibe ingresos por los contratos con las telefónicas, ingresos fijos así como variables. Los valores fijos se definen en las negociaciones y se cancelan una vez que se firman los contratos de concesión y los montos variables dependen de los ingresos de las operadoras Claro y Movistar.
Por ejemplo, en el 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, se firmaron los contratos por quince años con estas telefónicas y el Estado recibió $ 379 millones por concepto de valor fijo, $ 289 millones de Claro y $ 90 millones de Movistar. A ambas, según el acuerdo, se les estableció un pago variable de 2,93% de los ingresos anuales producto de la concesión.
Las cifras de las ventas que ambas operadoras han reportado a la Superintendencia de Compañías reflejan la dimensión del negocio que mueven las telefónicas. Juntas han obtenido ingresos por $ 27.111 millones en los quince años de concesión. El 2,93% de esa cantidad se ubicó en $ 794,3 millones, la que habría recibido el Estado en el lapso concesionado.
En el periodo 2008-2022, Conecel (Claro) ha tenido ingresos por $ 19.189 millones, mientras que Otecel (Movistar) reportó ventas por $ 7.921 millones. Claro posee el 70 % de la cuota del mercado, con 9,2 millones de líneas activas; mientras que Movistar tiene casi el 30 % con 5,4 millones de líneas.
Entre las dos operadoras, la que registró un mayor crecimiento en estos 15 años de concesión fue Otecel (Movistar), pues sus ingresos pasaron de $ 386,7 millones en 2008 a $ 514 millones en 2022, lo que significa un aumento del 33 %. Los reportes financieros del año 2023 de ambas multinacionales aún no se han presentado ante la Superintendencia de Compañías.
“La renovación de los contratos de concesión para el Servicio Móvil Avanzado (SMA) de Conecel y Otecel S. A. es un hito crucial para Ecuador, tanto en términos monetarios como en promoción de la inversión extranjera y el fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones”, señala la Arcotel.
Una vez comience esta fase, recomienda la ejecutiva de Asetel, el Estado debe valorar el espectro radioeléctrico considerando las mejores prácticas internacionales que se aplican en países como Colombia, Chile o Brasil. “Colombia recientemente adjudicó el espectro radioeléctrico para 5G, y lo que priorizó no fue la recaudación sino el poder llegar a zonas que no están conectadas hoy en día, y mejorar la cobertura existente. Más que una visión recaudatoria hay que considerar los beneficios que se le pueden dar al usuario final”, sugiere Falconí.
Por ello, con miras al reinicio de las conversaciones, Arcotel busca un veedor internacional independiente que participe de las negociaciones y presente informes de las reuniones de trabajo, pues así lo determina el reglamento para otorgar títulos habilitantes para servicios de telecomunicaciones: “Todas las reuniones de trabajo, a solicitud de una de las partes, contarán con la presencia de un veedor independiente (…), la contratación de este veedor será de responsabilidad y estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Arcotel, los costos relacionados con dicha contratación y el pago de honorarios al veedor independiente serán asumidos en partes iguales por la Arcotel y el prestador del servicio”.
Arcotel prorroga contrato con Telefónica Movistar que fenecía el 30 de noviembre
El pasado 5 de febrero de 2024, la directora administrativa de la Arcotel, Jenny Coronel, inició el proceso de contratación del veedor y designó como su delegado en esta selección al titular de la Dirección Técnica del departamento de Títulos Habilitantes de Servicios y Redes de Telecomunicaciones.
“El inicio de esta contratación se posiciona como una prioridad (…), un paso esencial para garantizar la transparencia y la seriedad en las mesas de negociación”, señala la Arcotel, entidad que ha fijado como precio del contrato la cantidad de $ 48.900, la que será dividida en partes iguales ($ 16.300) entre Arcotel, Claro y Movistar.
Entre las responsabilidades que tendrá el veedor constan, además de su presencia en las reuniones, la firma de las actas que den testimonio de la transparencia y seriedad en las actuaciones de las partes durante las mesas de negociación, dar recomendaciones durante el proceso, entregar informes del reinicio de los diálogos, reportes mensuales y el consolidado, y también interponer sus ‘buenos oficios’ para facilitar las conversaciones.
Contrato del Estado con la telefónica Claro se prorroga por seis meses más
El veedor, según los documentos del contrato, debe ser internacional. La Arcotel, en noviembre del 2022, firmó con el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal) el primer contrato de veeduría en este proceso de negociación con las operadoras. Con Certal firmó luego un contrato complementario de veeduría en junio de 2023.
En el actual proceso de contratación del nuevo veedor, un participante nacional preguntó: “Soy veedor público, pero soy persona natural, y solo a nivel nacional, ¿es factible participar?”. No obstante, la Arcotel respondió que en una resolución del directorio, del 14 de diciembre de 2021, se resolvió que el veedor sea internacional. Este Diario solicitó una entrevista a la Arcotel, pero hasta el cierre no se obtuvo respuesta. (I)
