El incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % para financiar la lucha contra la violencia que actualmente vive Ecuador y que plantea el proyecto Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, genera reacciones en el sector privado y abre el debate sobre si esa era la medida más idónea de financiamiento y cómo asegurar que lo recaudado sea destinado para la seguridad y no para otros gastos del Gobierno.