Sobre 275.900 contribuyentes, entre ciudadanos y empresas, recaerá la nueva propuesta de reforma tributaria, denominada Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, que fue presentada por el Ejecutivo este jueves. Se trata de un sector que, de acuerdo al Gobierno, sería el más pudiente del país.

En efecto, se grava con la contribución temporal a 1.900 empresas que tienen un patrimonio de más de $ 5 millones. Además se cobra una contribución especial a 6.000 personas que alcanzan patrimonios personales y en sociedad conyugal de $ 1 y $ 2 millones, respectivamente. Finalmente, se cobrará más impuesto a la renta a 274.000 personas que ganan más de $ 2.000 mensuales, pues se retiran las deducciones de gastos personales. Dentro de los 274.000 se incluye a las 6.000 personas del patrimonio.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, dijo en Teleamazonas que el Gobierno ha hecho un esfuerzo para perfeccionar la ley, y que la reforma responde a principios de progresividad y de justicia, es decir, que los que más tienen paguen más.

Explicó que el 96,5 % de la población económicamente activa no se verá afectado. Sin embargo, un 3,5 % de la población sí deberá contribuir más. En cuanto al sector de personas que ganan de $ 2.000 hacia arriba y que verán incrementados sus impuestos, aclaró que dicho incremento es progresivo y que, por ejemplo, para los que ganan $ 2.000 al mes, el pago es equivalente al 1,5 % de sus ingresos, o sea, un monto razonable y moderado.

Publicidad

Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, dijo que los cambios hechos en la propuesta y la propuesta misma son razonables, pues es progresiva a fin de que quienes más tienen, más contribuyan.

Indicó que, en este sentido, la contribución de un 0,8 % al patrimonio de las empresas es uno de los impuestos que más ingresos genera al fisco ($ 465 millones cada año por dos años), y que recae en las empresas que tienen más de cinco millones de patrimonio en adelante. Dentro de este grupo, las que contribuyen con más del 90 % de este rubro son las empresas con patrimonios de más de $ 10 millones.

Sin embargo, para Carrera aún está por verse la sostenibilidad de los ingresos a futuro. Esto, debido a que la reforma está apalancada en 2022 y 2023 en las contribuciones temporales, pero el impuesto permanente, que es el de la renta y que generaría más de $ 460 millones a partir del 2023, queda aún corto para cubrir los $ 1.200 millones que se necesitarían anualmente luego del 2023, cuando terminen las contribuciones temporales. Para Carrera, seguramente el Gobierno deberá trabajar mucho en el crecimiento del país para que crezca la recaudación y también en la reducción de gastos, a fin de avanzar con la reducción del déficit fiscal.

Según Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, los cambios principales que trae la nueva propuesta tributaria, en comparación a la propuesta inicial del Gobierno, tienen que ver con medidas aún más progresivas que en la primera (el que más tiene, más paga).

Consideró que sí es justo pedir a las grandes empresas con patrimonios mayores a $ 5 millones que contribuyan más, y de igual manera a personas que han alcanzado patrimonios de más de un millón. También reflexionó que es muy necesaria la reforma tributaria, debido a que el país tiene déficit, ya que gasta más de lo que tiene y, lamentablemente, para compensar la falta de ingresos ha acudido a la deuda, que en estos tiempos es ya demasiado abultada.

Sin embargo, opinó que es un error gravar con más impuestos a las personas naturales que ganan más de $ 2.000 al año, pues se estaría afectando a la clase media. Aseguró que quienes ganan entre $ 1.800 y $ 3.000 se encuentran en el tercer quintil, es decir, son clase media.

Publicidad

Al ser consultado sobre cuáles podrían ser las fuentes de ingreso permanente si no fuesen las de personas que ganan más de $ 2.000, el experto consideró que, si bien el Gobierno requiere ingresos permanentes y no solo temporales, los permanentes pueden llegar desde el combate a la evasión y al quitar exoneraciones que no tenían mucho sentido.

Sobre el tema del impuesto a la renta de personas y la eliminación de la deducción de gastos personales, Jaime Carrera, en cambio, explicó que en dolarización el espectro de quienes son parte de la clase media es muy amplio. En este caso, la ley estaría afectando a la clase media alta y a las clases altas.

Esto si se considera que en Ecuador ganar $ 2.000 es una excepción si se toma en cuenta que el PIB per cápita del país es de $ 5.800 al año, es decir, de menos de $ 500 al mes. Comentó que los pobres viven con $ 84 al mes, y personas que en el sector público ganan entre $ 500 y $ 700, por ejemplo, podrían considerarse ya clase media baja.

De lo que se conoce, dice Carrera, un gerente de una empresa puede ganar los $ 2.000. En cambio, en el sector público los salarios son más elevados. Considera que estas personas sí tienen posibilidad de aportar un porcentaje más de sus ingresos al fisco.

Entre tanto, Rodrigo Gómez de la Torre, como presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, dijo que su sector mantiene su posición de que no se deben gravar las tierras rurales con la contribución temporal al patrimonio.

El representante gremial dijo que actualmente los agricultores ya pagan altos impuestos prediales que están sobrevalordos. Explicó además que este tipo de medidas les quitan liquidez en medio de un año complejo. Insistió que así lo expresarán ante la Asamblea.

Desde la primera propuesta en la ley de Creación de Oportunidades, su sector reclamó que la contribución temporal les afectaría, pues la tierra es su medio de producción y su patrimonio universal. Existen muchos agricultores que tienen sus tierras a nombre propio y no de una sociedad. Adicionalmente, señaló Gómez de la Torre, lo que el Gobierno ha cambiado en la propuesta es un tema paleativo pero no técnico.

Proforma llegaría entre viernes y sábado

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, informó la mañana de viernes que la proforma presupuestaria 2022 sería enviada entre el viernes 29 y el sábado 30 de agosto. Hasta el cierre de esta edición no había llegado aún a la Asamblea. La proforma 2022 no contendrá los ingresos tributarios que el Gobierno pretende recaudar con la reforma tributaria denominada Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia de COVID-19. Esto, porque según la ley, solamente se puede incluir los ingresos que estén plenamente aprobados. Este no es el caso de la reforma que acaba de ingresar a la Asamblea.

En todo caso, el ministro dijo estar convencido de que con un buen diálogo se logrará aprobar el tema y así fortalecer las perspectivas del país. El Ecuador de momento trabaja con la proforma 2020, pues las del 2021 no fue aprobada por la Asamblea, debido a problemas de plazos en la entrega de la documentación correspondiente.

La Asamblea deberá tratar casi al mismo tiempo la Ley de Desarrollo Económico (reforma tributaria) como la proforma 2022. Ambas llegan casi a la misma fecha y deben ser tratadas en 30 días.