Una resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) genera polémica respecto al Sistema de autentificación, rastreo y trazabilidad de bebidas alcohólicas, cigarrillos y cervezas de producción nacional (Simar), pues cambia las reglas del actual sistema que se había implementado desde el 2017.

Francisco Mandiola, experto en transformación estratégica y consultor de la Internacional Tax Estamp Asociacion (ITSA), una entidad que apoya a Gobiernos y promueve el uso de estampillas fiscales para combatir el contrabando, dio la alerta. El experto considera que la Resolución NAC-DGERCGC21-00000019 afecta los intereses del Estado y a la par deteriora los logros en el campo del control que ya existían.

Mandiola explica que desde 2017 Ecuador adoptó el sistema de trazabilidad a través de las estampillas fiscales. Actualmente el diseño del sistema, la impresión de los sellos, se los hace a través de la empresa suiza Sicpa.

Dice, sin embargo, que a mediados de abril, antes de que asuma el nuevo Gobierno, se aprobó la resolución en el sentido de que las mismas empresas cerveceras, tabacaleras y de licores puedan contratar el servicio de trazabilidad.

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Según el experto, esto traería al menos dos problemas. En primera instancia se convertiría en un proceso de autofiscalización, que podría generar una menor rigurosidad en el control. “Es como dejar al gato a cargo de la carnicería”, dice en son de broma Mandiola. Adicionalmente, explica que el control que realizan las autoridades como la Policía se debilitaría, pues al haber muchos contratos con diversas metodologías de trazabilidad, los agentes deberán estar entrenados para detectar cada una de las nuevas estampillas y sus posibles falsificaciones.

Efectivamente, el artículo 4 de la resolución antes mencionada indica que “el servicio de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal será prestado por cualquier proveedor seleccionado para el efecto por parte del sujeto pasivo, el cual no podrá ser una parte relacionada al mismo, de conformidad con lo establecido en la normativa tributaria”. También dice que el proveedor cumplirá las especificaciones técnicas, requisitos, criterios y procedimientos establecidos por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) para la prestación del servicio, conforme lo previsto en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

La resolución establece que la información del servicio prestado por parte del proveedor autorizado (componentes físicos de seguridad, estampados o incorporados en los bienes y activados a cada sujeto pasivo) deberá entregarse a la Administración Tributaria, para fines tributarios, a través de una plataforma informática de tecnología integral, dispuesta por el SRI. Las especificaciones técnicas serán publicadas por el organismo de Rentas.

Aunque fue ya aprobada, este nuevo sistema entraría en vigencia en abril del 2022, por lo que Mandiola sugiere que el Gobierno revea la decisión y busque más bien aplicar las mejores prácticas.

El experto explicó que a nivel mundial existen 27 empresas que son parte de la ITSA que podrían brindar el servicio, también hay otras que están fuera de la Asociación. Menciona el caso de una que ha estado vinculada a una tabacalera mundial y que está a favor de estas autofiscalizaciones. Sin embargo, ha recibido críticas y multas por no cumplir la tarea.

Mandiola considera que la resolución viola el convenio de control de tabaco y el convenio para la eliminación del comercio ilícito del tabaco, y asegura que la Organización Mundial de Salud (OMS) no recomienda que sean varias empresas las que contraten el sistema de trazabilidad y más bien indica que esta debe ser contratada por el Gobierno y no por privados.

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Jorge Talbot, gerente general de Embotelladora Azuaya, que pertenece a la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (Adile), se muestra opuesto a que se les delegue a las empresas este control, sobre todo porque les va a significar un costo extra.

Para Talbot, el Simar debería desaparecer, porque no ha cumplido su propósito que era combatir el contrabando. Considera que más bien ha cumplido un papel fiscalista, es decir, recaudar dinero. Talbot consideró que el problema con el Simar es que la autoridad no hace los controles en territorio.

Entre tanto, Aduanas se mantiene con su mismo sistema regentado por el Estado que es el Sistema de Gestión y Verificación de Etiquetas Fiscales (Sigvef) y que se aplican a los productos importados. Los licoreros importadores consideran que el sistema debe seguir como hasta ahora.

Edy Castillo, presidente de la Asociación de Distribuidores de Licores del Ecuador, aseguró que le llama la atención que se quiera delegar esta tarea a las propias empresas. El Estado debe manejar el tema para que haya seriedad en el manejo y venta. Al momento de delegar, podría prostituirse el proceso de los timbres.

Actualmente, dice Castillo, el contrabando ha bajado de manera importante y las razones son, por un lado, la firma de acuerdos comerciales que se han realizado con diversos países y sectores y, por otro, el sistema de trazabilidad existente. Caso diferente es el de los cigarrillos, en donde sí existe gran actividad de contrabando, asegura. (I)