Unos $ 464 billones representó en 2019 el comercio ilícito a nivel mundial, según el último estudio de incidencia global de la OCDE; la cifra representa el 2,5 % del comercio mundial, con un impacto perjudicial sobre distintos sectores como textiles, medicamentos, bebidas y alimentos, tabaco, entre otros. Entre tanto, para la Asociación Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que representa a 15 países de América Latina, el contrabando en la región significa al menos unos $ 210.000 millones al año.

Estas fueron las principales cifras que se revelaron en el 6to Congreso de ALAC desarrollado en Quito, el 29 y 30 de septiembre.

En el encuentro estuvo presente Robert Pittenger, exrepresentante del Congreso de EE. UU., quien manifestó que el contrabando impacta en los ingresos de todos los países y hay que trabajar desde una perspectiva regional y de cooperación contra este crimen. Hizo un llamado para fortalecer el uso de la tecnología para rastrear el comercio ilícito con los software adecuados y el trabajo integrado entre las aduanas.

En el evento participaron representantes del sector empresarial, aduanero y académico de Colombia, Brasil, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Chile, Bolivia y Ecuador.

Publicidad

Durante la inauguración del evento, Pablo Zambrano Albuja, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), manifestó: “El contrabando, por los empleos que elimina y sus efectos adversos a la economía y a la sociedad, puede ser una pandemia igual o peor que el COVID-19″.

Entre tanto, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, asistió a la inauguración del encuentro y señaló con preocupación que el Ecuador se ubica en el puesto 60 de 84, según el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito elaborado por la revista The Economist y la Transnational Alliance To Combat Illicit Trade. Por ello felicitó la realización del encuentro de la ALAC para fortalecer las alianzas público-privadas para combatir este delito.

Ya en las discusiones se llegó a la conclusión de fortalecer el trabajo público privado para la capacitación de agentes aduaneros, de crear mecanismos eficientes para denunciar el comercio ilícito y se propuso la creación del observatorio del comercio ilícito.

También se analizaron los retos para el control aduanero durante la pandemia del COVID-19. Los sectores más afectados por el contrabando durante la emergencia sanitaria fueron el farmacéutico, bebidas alcohólicas y alimentos, explicó Jeff Hardy, director general de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit)).

Se concluyó que los procesos de digitalización y de eliminación tramitología generaron mayor simplicidad, facilidad y eficiencia para el control aduanero. Otra lección importante es que la interconexión a nivel interno y externo de las oficinas aduaneras permitió controlar mejor el comercio de insumos médicos en época de pandemia.

Por otro lado, Hardy dijo que “la pandemia demostró que no estamos preparados para el e-commerce, no hay reglas que gobiernen el internet y protejan el fraude en línea”, por lo que sugirió que las políticas públicas también se enfoquen en esta modalidad de comercio y ciberseguridad.