La Superintendencia de Compañías alertó de que está en ejecución una sentencia que considera desproporcionada y sin precedentes dictada por el IV Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la que se obliga a este organismo de control a pagar $ 53 millones por intereses en la compraventa de un edificio realizada hace 35 años.

En un comunicado, la entidad indica que por ese bien ya se pagaron 630 millones de sucres en 1989 y que ahora “$ 60,8 millones es lo que está en juego, para premiar al cesionario de los derechos litigiosos de un banco que fue liquidado”. Se refiere al Banco de Descuento.

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La Superintendencia interpuso recursos extraordinarios de casación, revocatoria y extraordinario de protección, pero finalmente se ratificó la sentencia emitida en segunda instancia por la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

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Explicó que en el informe técnico para calcular los intereses que tendría que pagar se dio una cadena de “errores”, que se usaron las tasas de interés publicadas por el Banco Central del Ecuador entre los años 1989 y 1999, “que corresponden a transacciones realizadas en sucres porque, en aquella época, era la moneda de curso legal; información que la misma perito reconoce en su informe, y que resulta totalmente antitécnico y atentatorio a las buenas prácticas financieras”.

Por ello indica que “con tasas de interés inexistentes e inaplicables se suma más de $ 53 millones solo en intereses a los más de $ 7 millones que se pretende forzar a pagar por parte de la Superintendencia en favor de Ricardo Calderón Pasquel, cesionario de los derechos litigiosos del Banco del Descuento S. A. en liquidación, otorgados a él por Leonidas Drouet Mármol”. (I)

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