Cámara de Minería demanda la inconstitucionalidad de tasa de la Arcom y pide suspensión del cobro

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) presentó una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la tasa de supervisión y control de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), cuyo cobro se inició el 1 de julio. El gremio ingresó su demanda a la Corte Constitucional (CC) la mañana de este miércoles, 9 de julio, alegando vicios de inconstitucionalidad de forma y fondo sobre la resolución 003/2025 de la Arcom, con la que se creó la tasa. Además, la CME solicitó medidas cautelares a los magistrados, con el fin de suspender el cobro hasta que la CC tome una resolución final.Con la acción impulsada por la CME ya suman cuatro demandas de inconstitucionalidad.María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, reiteró que la tasa, tal como está estructurada, es desproporcionada y ha sido impuesta de manera injusta, sin diálogo previo con los actores de la industria.Aclaró que no es una oposición al Gobierno, ya que se comparte la intención de la lucha contra la minería ilegal y el fortalecimiento de la Arcom, sino que el esquema de la tasa es perjudicial para la exploración minera, en la que se hacen fuertes inversiones a riesgo y sin retorno, pues en muchos casos los valores que tendrán que pagar algunas empresas, además de superar sus presupuestos operativos, implicarían que las compañías deban venderse para poder pagar la tasa.El abogado constitucionalista Emilio Suárez explicó que se estima que en un mes, aproximadamente, la CC se pronuncie sobre la admisión de la demanda, así como por el pedido de suspensión del cobro. Se espera que la CC dé prioridad al tema y lo tramite en alrededor de seis meses, como ha pasado con otros casos considerados prioritarios. De lo contrario, el tratamiento de las demandas podría demorar unos dos años.Suárez sostuvo que la tasa no cumple los requisitos para ser declarada como tal, sino que en la práctica representa un impuesto y, en ese caso, debió ser aprobada mediante un proyecto de ley en la Asamblea Nacional.Empresarios de pequeña, mediana y gran minería están preocupados por los efectos adversos que generará la medida. Insisten en que no se oponen a pagar, sino que piden que el cálculo sea revisado y que se lo aterrice a la realidad del sector. En ese sentido, Guillermo Godoy, presidente de la Cámara de Pequeña Minería, expuso que la tasa perjudicará a la industria formal y, contrariamente, fomentaría la minería ilegal. Agregó que se perderían fuentes de empleo e ingresos para el Estado, porque algunas empresas tendrían que cerrar o se irían del país.Por su parte, Óscar Loor, presidente de la Cámara Nacional de Minería, hizo un llamado al presidente de la República, Daniel Noboa, y a las autoridades gubernamentales para establecer mesas técnicas de diálogo con miras a revisar la tasa, ya que hasta ahora esto no ha sido posible.El cobro de la tasa para la gran minería vence el 31 de julio, los titulares mineros que no paguen a tiempo podrían enfrentar procesos de coactiva por parte de la Arcom, según indica el instructivo de cobro.Frente a las demandas de inconstitucionalidad, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, respondió que no tiene miedo y que el tema se resolverá por la vía legal.Confirmó que si las empresas mineras no cumplen con el pago dentro de los plazos establecidos se deberán iniciar procesos de coactivas.Ante los diálogos que plantea la industria, con el fin de revisar la tasa, Manzano contestó que “no es un tema de diálogo, es un tema que necesitamos salvaguardar y controlar nuestros recursos mineros”. Insistió que la medida es para el combate a la minería ilegal, que perjudica el desarrollo de las comunidades y las convierte en blanco del grupos criminales.La ministra finalizó su declaración indicando que espera la audiencia en la Corte Constitucional para defender con argumentos legales el cobro de la tasa. (I)

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