La tasa de fiscalización que pagarán las empresas mineras a partir de este año no es un impuesto a las ganancias, indicó el viceministro de Minas, Xavier Subía, quien ratificó que los recursos servirán para fortalecer las capacidades de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
La medida consiste en el cobro de una tasa que se calcula con base en un porcentaje del salario básico unificado -que para este año es de $ 470- por cada hectárea de concesión.
Los porcentajes van del 3 % al 100 % y abarcan a los diferentes regímenes mineros, incluyendo pequeña, mediana y minería a gran escala, así como extracción de minerales no metálicos. La aspiración del Gobierno es recaudar $ 200 millones por esta vía.
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El tema ha causado sorpresa e incertidumbre en el sector minero debido a que en algunos casos los pagos que tendrían que hacer las empresas, especialmente durante la etapa de exploración, podrían superar los presupuestos anuales de operaciones.
Por ello, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) sostiene que la tasa es desproporcionada y espera una respuesta positiva de las autoridades para entablar conversaciones formales a través de mesas técnicas.
Al respecto, el viceministro de Minas indicó que el martes 3 de junio -un día después del anuncio de la creación de la tasa- hubo una reunión virtual con representantes de la Cámara, en la que se explicó la aplicación de la medida y la contraprestación que dará la Agencia para mejorar el control.
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“Recordemos que durante los últimos años el país prácticamente ha perdido el control de muchas zonas en el tema minero”, mencionó Subía en una entrevista con radio Centro Ecuador, el miércoles pasado.
Recordó que en años pasados la Agencia atravesó por procesos de fusión con otras dos agencias de sectores estratégicos, lo cual redujo la cantidad de técnicos para realizar inspecciones.
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Señaló que en agosto de 2024, el gobierno de Daniel Noboa dispuso la escisión de las agencias, con lo cual la Arcom volvió a operar de manera independiente, pero sus capacidades son limitadas.
Dijo que antes de la fusión, en el año 2019, la Agencia tenía más de 40 técnicos mineros. Luego, con la fusión quedaron apenas doce técnicos para todo el país y se llegó a tener a un solo técnico para atender a las siete provincias del norte.
En esa línea, indicó: “Todos los años de descuido del control minero han creado las condiciones que han coadyuvado a lo que hemos sufrido en los últimos tiempos”.
Aunque ahora hay 33 técnicos mineros, señaló que se necesitan tres veces más para hacer un verdadero control, para que se hagan inspecciones en campo a las concesiones.
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Reconoció que la tasa adoptada ha causado malestar en el sector. “Obviamente todas las tasas son incómodas cuando son impuestas”, admitió.
Dijo que se abrió un proceso de socialización del 18 al 27 de mayo sobre la fijación de la tasa. No obstante, aceptó que la información pudo no haber llegado a todos los actores del sector, por lo que se recibieron muy pocas observaciones.
Insistió en que la tasa se ha trabajado bajo una óptima técnica, que parte de las necesidades de la Arcom para tener habilidades de control, ya que la entidad no posee los equipos necesarios para una adecuada vigilancia y supervisión. “Básicamente no tiene nada. Lo que tiene es un elemento técnico muy bueno”, remarcó.
El viceministro aseguró que los momentos más vulnerables de las concesiones mineras son las etapas de exploración inicial y avanzada; por ello, se requiere de la acción inmediata de la Agencia y de las fuerzas de seguridad.
En cuanto al catastro minero que el Gobierno se comprometió a reabrir progresivamente, Subía mencionó que se cerró desde enero de 2018 debido a la vulnerabilidad e irregularidades detectadas en el sistema de gestión minero.
“Tenemos que abrir el catastro para que empresas puedan tener reglas claras para invertir”, comentó.
Con el cierre del catastro quedaron suspendidas 348 solicitudes de derecho minero por parte de la pequeña minería y otras 200 peticiones de mediana y gran minería. (I)
