Una ley de Eficiencia Económica y de Fomento al Empleo mejorada, pero con dudas sobre si podrá generar los efectos esperados

La recién aprobada Ley de Eficiencia Económica y de Fomento al Empleo registra mejoras en su texto, en comparación al que fue enviado por el Ejecutivo, pero también deja dudas sobre su aplicación con respecto a quienes se pueden beneficiar o no de la remisión tributaria que se plantea en esta.

Noticias relacionadas

Con amplia mayoría se aprueba ley urgente de eficiencia económica y generación de empleo

Ley de Eficiencia Económica ya está publicada en el Registro Oficial, estos son los cambios en impuestos y normas que entran en vigencia

El tema de la remisión había generado mucha suspicacia, pues se trata de una amplia herramienta que permite evitar el pago de intereses, multas y recargos de los intereses del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), de los créditos educativos manejados por entes estatales, entre otros. En este sentido había voces que criticaban porque se interpretaba que iba con direccionamiento para beneficiar a algunas empresas de políticos, entre ellos al propio presidente de la República, Daniel Noboa, pues Bananera Noboa es una de las principales deudoras del país y se la relaciona con la familia del mandatario. Incluso hay otra empresa deudora que estaría relacionada con la familia Kronfle, del actual presidente de la Asamblea.

Sin embargo, una disposición transitoria había intentado restringir esta opción para los políticos y así evitar conflicto de intereses, según lo había mencionado el propio ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

La disposición de la ley indica textualmente: “No podrán acogerse a la remisión establecida en el primer inciso, el Presidente de la República, Asambleístas Nacionales y Provinciales ni sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad”.

Sin embargo, Pablo Guevara, socio de Andersen, consultora tributaria, considera que tal como está escrita la ley las empresas de los políticos sí podrán beneficiarse de esta ley, sobre todo porque la norma prohíbe a las personas naturales beneficiarse, pero no dice nada sobre el tema de las sociedades.

En este sentido, Napoleón Santamaría, también experto tributario, comenta que la ley sí genera duda en este tema, aunque el espíritu era evitar el beneficio para los políticos y sus empresas, la manera como está escrita no deja totalmente claro que haya tal prohibición con respecto a sus empresas. En todo caso piensa que a través del reglamento que se emite posteriormente podría aclararse el tema. Aun cuando esto se arreglara, Santamaría dice que en la profundidad esto no cambia el hecho de que la remisión está diseñada para perdonar las faltas de los evasores, asegura.

Por su parte, Guevara duda que la remisión pueda generar un gran volumen de ingresos ya que ha habido varias remisiones y posiblemente los deudores que tenían voluntad de pago ya se acogieron anteriormente.

Tanto Guevara como Santamaría coinciden que el texto aprobado por la Asamblea resultó mejorado. Guevara asegura que desde la Asamblea se pudo hacer una serie de correcciones a errores e impresiones. Santamaría, en cambio, dice que a pesar de ser una ley mejor, es una ley limitada que no ayuda a realizar una corrección de los problemas estructurales. “Es una ley chiquita, pero no es mala”.

Entre las novedades, un capítulo ingresado que no estaba en la propuesta original es la posibilidad de que compañías foráneas controladas que no tienen residencia fiscal, pero cuyo beneficiario es un residente, paguen impuestos. Actualmente una empresa foránea controlada no pagaba impuestos si no había una repartición de dividendos, pero ahora sí deberá hacerlo aunque no exista tal repartición.

Para Santamaría es importante también que al fin haya una ley de zonas francas, pues esto ya había sido negado tres veces en la Asamblea.

En cuanto al tema de la autorretención de los grandes contribuyentes, Guevara sostiene que es la más fuerte medida para adelantar la recaudación. Esto debe significarles entre $ 600 millones y $ 700 millones anuales, pero que se van pagando mensualmente. Comenta que este anticipo es solo para las 500 empresas que son grandes contribuyentes. Explica que la medida, sin bien puede generar ingresos al fisco por adelantado, resta capital de operación a las empresas.

Para Santamaría, el tema laboral quedó mucho mejor, más sencillo y digerible en el sentido que sí hay beneficio para quien genera nuevos puestos de trabajo para jóvenes, sin crear una tabla ni porcentajes.

Entre tanto, el riesgo país del Ecuador se ubicó el martes 19 de diciembre en 2.086 puntos, 47 puntos por debajo del registrado el domingo pasado. La baja coincide con el tratamiento y aprobación en segundo debate de la ley. (I)