Al año de la pandemia, pruebas PCR aún no se masifican; aumentaron camas en UCI y hubo quejas por atención en la línea 171

“Contamos con personal con experiencia, reactivos, infraestructura, el flujo y el laboratorio adecuado para manejar este tipo de casos de impacto internacional”. Esas fueron las palabras de Alfredo Bruno, funcionario del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi), del MSP, el 29 de febrero de 2020 cuando se anunció al país el primer caso de COVID-19 en Ecuador.El Inspi era el único centro autorizado al inicio de la pandemia para procesar las pruebas de COVID-19 en su matriz, Guayaquil. Luego se dio paso al laboratorio en Quito y en Cuenca. Y ya en la emergencia sanitaria y cuando empezó el estado de excepción, que arrancó a las 00:00 del martes 17 de marzo, se permitió a los laboratorios privados procesar las pruebas, tras calificarse. Para ese entonces la demanda era elevada y los resultados demoraban en llegar, hasta veinte días, para los pacientes que morían sin saber que tenían el virus y para los que se aferraban a la vida.“Como los resultados (de las pruebas) no llegaban rápido, sino diez, quince, veinte días después (al inicio)..., hacíamos radiografías de tórax (para ver pulmones afectados por neumonía) y otros exámenes para tratarlos y lograr salvarlos... Otros llegaban tarde”, cuenta un clínico intensivista de Guayaquil.Después hubo quejas por la falta de reactivos para hacer las pruebas. Y desde el 13 de abril empezaron a funcionar la plataforma y el equipo Cobas 6.800, prestado por la firma Roche, para que se procesen hasta 1.400 pruebas diarias en el Inspi.“Llevamos un año de pandemia y no tenemos la suficiente cantidad de pruebas para hacer diagnósticos de PCR. Los precios siguen costando los mismos que cuando comenzó la pandemia. Ni siquiera se han podido rebajar o conseguir, a través de liberaciones de impuestos, todos los reactivos para que hagas exámenes. Todavía una PCR en un (laboratorio) privado cuesta $ 100,$ 120. Y no ha habido el apoyo para que laboratorios, universidades nacionales... puedan hacerlo y abaratar los costos. Y Ecuador sigue siendo el último país en la región en hacer pruebas diagnósticas... Lo mismo pasa con todas las unidades de atención primaria”, sostiene Washington Alemán, clínico-infectólogo y docente universitario.Era 23 de marzo de 2020 y de la familia de cinco personas, de una urbanización del norte de Guayaquil, cuatro estaban con síntomas febriles y respiratorios, en esa época, atribuidos ya a la presencia del COVID-19.El padre, de 56 años, soportaba una fiebre intensa que no bajaba con paracetamol; la madre, de 44, también estaba con fiebre y dolor de cabeza; la segunda hija de la familia, con un cuadro gripal, y la última hija, de 10 años, con fiebre y dolor de cabeza temporales.Guayaquil y el país ya estaban en cuarentena obligatoria por el coronavirus y el Gobierno promocionaba la línea 171 para atención a personas con síntomas respiratorios. Esta línea se activó el 29 de febrero de 2020 luego de anunciarse el primer caso de COVID-19 confirmado en Ecuador.El hombre de 56 años, desesperado por la fiebre, logró conectarse con ese número telefónico después de horas de intentos fallidos.“Me atendió un joven, me pidió todos los datos de identidad, de residencia y otros, y, al final, sobre la sintomatología. La respuesta fue cortante: ‘Por favor, vuelva a llamar a este número cuando tenga fiebre alta, tos seca y dificultades para respirar’. O sea, cuando ya estaba grave por el virus”, cuenta el ciudadano, quien además intentó registrar la situación de su esposa e hijas. No tuvo éxito, el operador le dijo que debía hacer llamadas individuales por cada caso.La familia se hizo atender en forma privada por telemedicina y logró recuperarse. Como él, miles de usuarios se quejaron por el servicio. Y lo hicieron incluso con tuits directos a las autoridades nacionales. Otros esperaron en casas hasta morir, según afectados. Luego mejoró. Hasta ayer, la línea 171 había recibido 942.514 llamadas desde el inicio de la pandemia.Era 6 de abril y no encontraba una cama en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales de Guayaquil. Recorrió las emergencias de las casas de salud públicas y privadas y en todas le daban la misma respuesta: “No hay camas, no podemos hacer nada, estamos llenos”, recuerda Nancy Palacios, quien llevó en su carro a su padre, de 78 años, quien no podía respirar. “Se ahogaba, ya el oxígeno no era suficiente. Hice de todo por salvar a mi padre y no aguantó. Se me murió en el carro después de horas de recorrido por la ciudad... Esas líneas telefónicas tampoco servían, nadie contestaba”, cuenta la mujer de 40 años.Su padre, una de las víctimas de la pandemia, ya mismo cumple un año desde que partió “a los brazos con el padre celestial”, dice la mujer, que se aferró más a la fe desde aquel episodio. Ahora, agrega, la consuela saber que “él ya descansa en paz”.Pero cree que si en ese entonces hubiese habido más camas de UCI e incluso las de hospitalización, la historia de su padre fuese diferente, viviera, al igual que miles de ciudadanos que peregrinaron también en busca de un espacio en cuidados críticos.Para el 11 de mayo de 2020, el sistema de salud pública de Ecuador tenía 7.266 camas de hospitalización en total, según el MSP. Ese día se dijo que solo para la atención exclusiva de pacientes sospechosos y con COVID-19 había 1.755 camas para hospitalización y 363 puestos en las UCI.Para el 30 de julio, en ciudades como Guayaquil se pasó de 1.016 camas a 1.148, entre las de UCI y hospitalización, según datos del MSP. El aumento de las camas también se debió a donaciones y acciones de municipios y grupos de la sociedad civil. (I)

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