En Imbabura hubo concierto con más de 3.000 personas sin medidas de bioseguridad

Un concierto realizado el pasado sábado en Peguche, en el cantón Otavalo, denominado Pawkar Tushuy Tuta, que no contó con los permisos de las autoridades de control, prende las alarmas en esta población de Imbabura.

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La transmisión del espectáculo en pandemia, que tiene duración de 1 hora y 14 minutos en redes sociales, muestra el polideportivo de ese lugar totalmente lleno y muchos de los asistentes liban y bailan en círculos sin portar mascarilla, ni respetar el distanciamiento físico.

Se ve cómo los participantes, alrededor de jabas de cerveza, disfrutan de esta fiesta tradicional andina. Los animadores e integrantes de los grupos, sin tapabocas cautivaron al público, sin sanitizar los micrófonos.

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En medio de gritos la gente alentó a las cuatro agrupaciones folclóricas que intervinieron durante esta jornada. El intendente subrogante Mauricio Andrade confirmó que asistieron a este festejo más de 3.000 personas.

Con un escenario y una parafernalia impresionante, espectacular amplificación y luces robóticas se desbordó este evento que superó la medianoche y se extendió hasta la madrugada de este domingo.

Andrade indicó que la Intendencia de Imbabura entregó previamente 110 notificaciones a dirigentes de comunidades rurales y sectores urbanos para evitar la realización de actividades masivas este fin de semana.

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La Comisaría Nacional de Otavalo hizo además la entrega el pasado miércoles de una notificación a Antonio Campo, solicitando la suspensión de la programación cultural Pawkar Tushuy Tuta, aunque al final se realizó.

Andrade, frente al incumplimiento, rechazó la falta de compromiso e informó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado, procederá de acuerdo al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente:

“La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por la autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de uno a tres años”, señala la norma.

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Juan Zapata, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, al referirse al tema, dijo que resulta incomprensible cómo se dio un evento masivo, pese a que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional mantiene suspendidos estas programaciones.

Para Zapata, es muy difícil manejar una crisis sanitaria cuando no hay un trabajo en equipo y no hay corresponsabilidad ciudadana. “El virus que es letal no discrimina entre razas, sexo, religión o edad, todos estamos en la probabilidad de estar contagiados y necesitar mañana una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) o quizás inclusive los desenlaces sean más fatales”.

Se ha anunciado que se elevará el reclamo respectivo al COE de Otavalo, y en un pronunciamiento hecho este domingo se exhorta a los COE cantonales a trabajar en una misma línea para salvar vidas en el país. (I)