Gremios de maestros cuestionaron la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional de aprobar el retorno a las clases presenciales desde el próximo lunes 22 de noviembre e hicieron pedidos para ese regreso.

Para la Red de Maestros, es un “acto de irresponsabilidad u omisión” del COE nacional y de la ministra de Educación, María Brown Pérez, al disponer el retorno a clases presenciales sin antes solucionar o al menos paliar las graves deficiencias del sector educativo.

“Fundamentalmente se trata de preservar a los estudiantes frente al riesgo del contagio, pero el problema es mucho mayor luego de casi dos años de abandono de los centros educativos. No se cuenta con insumos básicos de protección, falta personal docente, de servicio y guardianía, hay exceso de estudiantes por aula”, dijo Nelly Miño, subcoordinadora del gremio.

Agregó que las condiciones de los padres de familia son extremadamente difíciles como para esperar que ellos cubran las necesidades mencionadas.

Alumnos que no estén vacunados contra el coronavirus sí podrán regresar a la presencialidad

En tanto que la Unión Nacional de Educadores (UNE) pidió garantizar los recursos económicos que establece la Constitución, así como que los estudiantes cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La UNE pidió además la entrega de equipos de bioseguridad para los docentes y la dotación de mascarillas para los alumnos, además del no retorno de profesores ni de personal administrativo y de apoyo que se encuentren en estado de vulnerabilidad.

Preocupación en padres de familia de planteles en Guayaquil con problemas de infraestructura ante un eventual regreso obligatorio a la presencialidad

Planteó adicionalmente garantizar desde el Gobierno los servicios básicos como agua, luz e internet gratuitos.

Presupuesto de $650 millones.

Con respecto a lo que se exigirá para la vuelta a las aulas es que las unidades educativas sean seguras y que las condiciones de la infraestructura no pongan en riesgo la integridad física ni la salud de los alumnos, indicó la ministra de Educación, María Brown Pérez, en una entrevista radial.

La funcionaria sostuvo que hay aproximadamente 30 instituciones educativas a nivel nacional que no presentan condiciones mínimas para aplicar medidas de bioseguridad.

Esa cartera de Estado identificará predios alternos en los cuales se reasignará a los estudiantes mientras se realiza la intervención de la infraestructura.

Agregó que hay otras entidades educativas que pueden ser usadas de forma parcial debido a que hubo robos o por las lluvias hubo daños pero otros espacios son utilizados. En esos casos, explicó, se aísla esa área.

La funcionaria expresó que uno de los requisitos es que existan las medidas para el lavado correcto de manos o una alternativa.

“Se hizo un barrido nacional que se cuantificó la intervención en una necesidad de 650 millones de dólares para dejarlas en perfecto estado y estas serán intervenciones que demorarán durante la administración, inclusive podría ser todo el próximo año y el siguiente porque son intervenciones en más de 12.000 instituciones educativas a nivel nacional”, dijo Brown.