Tres agentes del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito han presentado denuncias formales por acoso laboral y discriminación.
Las denunciantes, Valeria Quiñónez, Rebeca Navarrete y Susana Carrillo, han compartido sus experiencias en detalle, buscando justicia y cambios significativos en la institución.
Valeria Quiñónez ha denunciado ser víctima de acoso laboral y discriminación racial desde 2016. Según su relato, un grupo de inspectores con cargos jerárquicos superiores la ha denigrado y humillado.
Publicidad
Afirmó que estos inspectores han utilizado su posición para supuestamente evadir responsabilidades y encubrir sus actos, valiéndose de los departamentos Jurídico, Talento Humano y Seguridad Ocupacional.
Quiñónez relató que fue víctima de dos sumarios inventados con el propósito de despedirla, tras ser testigo de un acto de crueldad en el que una compañera fue forzada a orinarse en los pantalones. Además, mencionó comentarios discriminativos dirigidos hacia ella.
La agente aseguró que, a pesar de tener pruebas suficientes para respaldar sus denuncias, los departamentos involucrados han obstaculizado el acceso a la información requerida por la Fiscalía. Esta situación ha dejado cicatrices profundas en su bienestar económico, social y emocional, resultando en un trastorno depresivo recurrente.
Publicidad
Rebeca Navarrete ha reportado acoso laboral por parte de un inspector que, a pesar de conocer sus recomendaciones médicas debidas a un accidente laboral en 2016, la asignaba a áreas de trabajo presuntamente inapropiadas.
Navarrete sufre de bursitis en el hombro y cadera derechos, condición que requería una ubicación específica para no agravar su salud.
Publicidad
El inspector en cuestión, junto con otro superior, aparentemente se burlaban de ella y emitían comentarios discriminatorios de manera constante. Además, Navarrete enfrentó situaciones en las que estos inspectores trataban de utilizar vehículos institucionales sin la documentación adecuada, lo que ella se negó a permitir, resultando en confrontaciones directas.
A pesar de haber presentado denuncias y contar con testigos que corroboran su versión, Navarrete indicó que sus testimonios han sido omitidos y que continúa siendo perseguida dentro de la institución.
A esta situación se suma el hecho de que, estando embarazada, no ha recibido la reubicación adecuada a sus condiciones médicas, a pesar de haber informado a las autoridades pertinentes.
Susana Carrillo, quien ha trabajado como agente de control por aproximadamente diez años, ha denunciado un trato inhumano al ser prohibida de utilizar las baterías sanitarias, lo que le provocó un episodio de incontinencia en su lugar de trabajo.
Publicidad
Esta situación agravó su condición de cistitis recurrente, afectándola emocionalmente y resultando en un cuadro de ansiedad y depresión grave.
Carrillo mencionó que llegó a un acuerdo con el exalcalde Mauricio Rodas para facilitar su cumplimiento de las recomendaciones médicas, acuerdo que ha sido incumplido por las autoridades actuales.
Respuesta de la Autoridad Municipal
La secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, Carolina Andrade, declaró que desde el inicio de su gestión se ha priorizado cualquier denuncia relacionada con violencia y discriminación.
Andrade indicó que los casos han sido trasladados a Quito Honesto, la entidad competente para realizar las investigaciones correspondientes, y que se está asegurando el debido proceso.
Además, señaló que el Consejo de Protección de Derechos ha implementado sensibilizaciones en todos los niveles del Cuerpo de Agentes, así como en la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos, para abordar temas de protección de derechos y violencia contra las mujeres.
Andrade aclaró que algunas de las personas involucradas en las denuncias siguen en sus funciones, mientras que otras han sido desvinculadas. Sin embargo, enfatizó que Quito Honesto está llevando a cabo el proceso de investigación de manera autónoma para garantizar la transparencia y la justicia.
Víctimas de masacre en bus de la cooperativa San Cristóbal pretendían salir del país
El Municipio capitalino compartió un comunicado asegurando que en lo que va del año han levantado cinco casos de investigación por presunta discriminación o violencia de género; a esto se suman tres denuncias en 2022 y cuatro en 2023.
No obstante, de los doce casos, nueve fueron desestimados presuntamente porque no cumplieron los requisitos para que sean enmarcados como ese tipo de violencia. A pesar de aquello, señalaron que hicieron rotación de puestos y otras medidas, opciones que con las agentes que denunciaron este caso no han sido aplicadas. (I)
