El Gobierno ecuatoriano ha establecido estado de excepción a un total de 16 provincias en respuesta a las protestas que se mantienen desde mediados de septiembre. La decisión se formalizó mediante los decretos ejecutivos 174 y 175, firmados por el presidente Daniel Noboa durante el fin de semana.

En las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza rige la medida desde el pasado 4 de octubre. La disposición suspende la libertad de reunión durante las 24 horas del día y tendrá una vigencia de 60 días.

A estas jurisdicciones se suman Carchi e Imbabura, donde el estado de excepción está vigente desde el 16 de septiembre bajo el Decreto Ejecutivo 134. En ambas provincias las movilizaciones han sido más intensas desde el inicio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

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El Ejecutivo argumenta que las manifestaciones, cierres viales y enfrentamientos registrados en distintas zonas del país han generado “graves alteraciones al orden público” y amenazan la seguridad de los ciudadanos. Por ello, se invocó la causal de grave conmoción interna para justificar la intervención estatal.

Mediante otro decreto, el número 175, el mandatario renovó por 30 días adicionales el estado de excepción en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía, en Bolívar.

El Gobierno sostiene que el objetivo de la disposición es contener la radicalización de las manifestaciones y evitar mayores afectaciones a la población.

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El contexto social se ha tensionado tras el anuncio del retiro del subsidio al diésel, medida que provocó el rechazo de las comunidades indígenas. Este lunes 6 de octubre se cumplen quince días de paralizaciones en varias provincias del país. (I)