El Gobierno firmó este miércoles, 9 de septiembre, una adenda al contrato de delegación con la empresa chilena Agunsa, encargada de la operación del muelle internacional del puerto de Manta.
Este acuerdo, que modifica el contrato suscrito hace ocho años, busca corregir condiciones y garantizar mayores beneficios económicos para la región de Manabí, señaló el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, durante el evento realizado en las instalaciones portuarias.
El contrato original con Agunsa-TPM, firmado el 16 de marzo de 2017, delegó la gestión de los muelles y patios del área internacional del puerto de Manta por un periodo de 40 años, con una inversión proyectada de 177 millones de dólares para modernizar la infraestructura portuaria.
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Puerto de Manta, en medio de obras y conflicto entre concesionaria y Autoridad Portuaria
Sin embargo, tras análisis técnicos y negociaciones, el Gobierno identificó la necesidad de ajustar las condiciones para optimizar los ingresos y asegurar el cumplimiento de las inversiones prometidas.
Entre los principales cambios de la adenda destaca el incremento de las regalías anuales que Agunsa-TPM entrega al Estado, pasando de un 3 % a un 7,5 % sobre los ingresos brutos.
Este ajuste representa al menos $ 1,3 millones adicionales cada año, de los cuales el 70 % (aproximadamente 910.000 dólares) será destinado al Municipio de Manta y el 30 % restante (390.000 dólares), al gobierno provincial de Manabí.
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“Quien gana es Manabí, quien gana es Manta”, afirmó el ministro Luque durante la ceremonia, subrayando que la renegociación no solo incrementa los ingresos, sino que también unifica el canon portuario y facilita nuevas inversiones en la terminal.
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Byron Franco, gerente de la Autoridad Portuaria de Manta (APM), señaló que los recursos se entregarán cada cuatro meses, siendo el primer desembolso en mayo de 2025.
Además, se anunció la contratación de una auditoría independiente para verificar si Agunsa ha cumplido con los compromisos de inversión establecidos en el contrato original.
La firma de esta adenda llega tras la aprobación, el 5 de diciembre de 2024, de la Ley de Alivio Financiero en la Asamblea Nacional, que busca mitigar la crisis económica mediante la redistribución de recursos hacia gobiernos locales. (I)
