Una perrita de aproximadamente ocho meses de edad fue rescatada el martes 19 de diciembre por miembros de Protección Animal Ecuador (PAE). Este jueves se publicó una denuncia pública sobre su estado de salud.

Según un documento publicado en sus redes sociales, la mascota, que tenía un estado casi caquéctico (pérdida de músculo esquelético y grasa), aparentemente se refugió en los cajeros automáticos de un banco ubicado en la calle Rodrigo de Chávez, en el sector de La Villaflora, en el sur de Quito.

Los médicos de esta fundación revisaron al animal y encontraron un derrame en sus ojos y una secreción de sangre y líquido ceroso a la altura de la vulva. El informe sostiene que esta secreción no se debe al celo, sino a un traumatismo en esa región.

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Según los médicos, el ecograma realizado al cuello uterino y vestíbulo de las paredes refleja edemas y una inflamación severa. El colon también presenta alteración con contenido líquido.

Sus riñones y pared estomacal gástrica también se vieron afectados como producto de un presunto traumatismo.

“Dicho en otras palabras, esta cachorrita fue brutalmente abusada sexualmente por algún pervertido criminal cuya identidad desconocemos, pero que ahora mismo anda suelto por las calles de Quito y no sabemos si ya tienen una nueva víctima”, se señala en la publicación del PAE.

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Marianella Irigoyen, abogada y coordinadora de la organización animal Libre Ecuador, señaló que es un caso deplorable, pero que no es la primera vez que se registran esos casos.

“Lamentablemente, esto pasa mucho en el centro de Quito, con personas en situación de calle que agarran a perritas o perritos y abusan sexualmente de estos animales indefensos. Los dejan lacerados, con lesiones, ensangrentados, y no siempre reciben la ayuda como en este caso”, expresó la abogada.

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En el plano legal dijo que es un delito de acción privada que se presenta mediante una querella. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) constaría el juzgamiento a las personas que cometan actos de violencia o maltrato animal, así como la zoofilia.

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“Es el sometimiento de explotación sexual propia o de terceros a estos abusos sexuales a animales de compañía. La pena privativa de libertad es de seis meses a un año; y, si por este hecho el animal muere, la pena es de uno a tres años de prisión. Estos son delitos, no son meros actos”, enfatizó Irigoyen.

Se emitió una alerta a la ciudadanía y se hizo un llamado a las autoridades para que se ubique al presunto causante de este abuso en contra de la mascota.

La fundación publicó una imagen en la que se ofrece recompensa a quien proporcione información verificada y comprobable sobre la ubicación de el o los posibles culpables.

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En redes sociales los usuarios han mostrado su indignación ante este lamentable hecho. (I)