Liberan a mujer indígena que estaba detenida por caso de tráfico de tierras y que fue mencionada por Mayra Salazar

Julia Quiroga Guaraca, quien afronta un proceso por tráfico de tierras, recuperó su libertad luego de estar casi seis meses detenida.La mujer de 32 años, que es integrante de la Asociación Patria Nueva de Durán, estaba detenida en la cárcel de mujeres de Guayaquil y salió en libertad este martes al obtener medidas sustitutivas.Su caso se hizo público semanas atrás en el testimonio anticipado que dio Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte Provincial de Justicia, por el caso Metástasis.Quiroga Guaraca fue mencionada cuando Salazar expuso las influencias que aparentemente ejercía el exasambleísta Pablo Muentes en procesos relacionados con conflictos de tierras.Familiares de la mujer acudieron a la cárcel para poder reencontrarse con Quiroga Guaraca, quien fue detenida durante un operativo de desalojo de tierras que ocupaba la asociación.Dentro del sistema judicial, Quiroga Guaraca consta como una de las procesadas -junto con otras nueve personas- por un caso de supuesta ocupación, uso ilegal y tráfico de tierras. El demandante es una empresa que reclama predios que están en la jurisdicción de Durán y acusa a Quiroga y otros de la ocupación ilegal. Esta firma estaría ligada al exasambleísta.Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, asumió la defensa de Julia Quiroga y las otras nueve personas que enfrentan este proceso por supuesto tráfico de tierras.El abogado dijo que a Julia Quiroga Guaraca se la intentó usar como referente para poder amedrentar a otros que se oponían al desalojo y advertir que podían ir presos.Toledo indicó que una jueza de Durán dispuso que ella se presente los martes y jueves mientras se sigue ventilando este caso.Semanas atrás, cuando Salazar expuso detalles de este caso, mencionó las supuestas irregularidades que ejercía aparentemente el exasambleísta para apoderarse de predios.“Señor juez, existe esta persona privada de su libertad, una mujer de 32 años, que es indígena, es indigente al mismo tiempo. Corresponde al nombre de la señora Julia Etelvina Quiroga Guaraca, a quien solicito respetuosamente que se investigue en el caso”, dijo Salazar en su testimonio.Salazar se refirió a ella cuando mencionó un macrolote que en su momento fue de los hermanos Isaías y que estuvo incautado por el Estado. Este macrolote, según Salazar, fue dividido en diez lotes, y en cada lote se asentó una asociación.“Pablo Muentes Alarcón, a través de sus operadores del Ministerio de Agricultura, hace que se le adjudiquen estas fracciones a varias personas naturales, y a su vez estas les venden esas propiedades a los operadores de Pablo Muentes, incluyendo a su familia”, indicó Salazar.Ella recordó que lo adjudicado por el Estado tiene un candado y no puede ser vendido hasta después de quince años. Y también que para poder generar esta venta se debe solicitar el permiso del Ministerio de Agricultura.“En este caso, existe una celeridad en las respuestas. Como por ejemplo, si hoy yo consulto al Ministerio de Agricultura si puedo realizar la venta, hoy el Ministerio de Agricultura me responde y hoy se realiza la venta a los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón. Será la Fiscalía quien tenga que averiguar quiénes son los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón en el Ministerio de Agricultura”, mencionó Salazar.Ante el juez del caso Metástasis, Mayra Salazar indicó que en estos diez lotes que fueron fraccionados se asentaron varias asociaciones, que “fueron brutalmente desalojadas por el señor Pablo Muentes Alarcón, porque el señor llegaba con tractores, con 200 policías, con 200 delincuentes, a golpear y a maltratar a niños, a mujeres y a personas adultas”.Allí mencionó la Asociación Patria Nueva, que es una de las que se encontraban en un lote y a la que pertenece Julia Quiroga.Salazar refirió que hay diez personas con boleta de captura y una persona privada de su libertad, “porque Pablo Muentes Alarcón no solamente les quitaba las tierras, sino que a quien se oponía y se resistía lo metía preso con su poder judicial”.Dentro de su relato, Salazar dijo que el operador judicial que realizó estas diez boletas e hizo que esta persona esté privada de su libertad es el juez Ronald Cevallos, implicado en el caso Purga. Dijo que fue llevado al despacho del juez de Durán, encargado del caso, para que cumpla las pretensiones de Pablo Muentes.“Esta decisión fue apelada y subió misteriosamente a la sala conformada por Fabiola Gallardo Ramia, Guillermo Valarezo y Henry Taylor, quienes confirman la prisión preventiva para la señora antes mencionada”, expuso Salazar.Tras conocerse este caso, los comuneros que están en litigio acudieron a los terrenos para tomar nuevamente posesión. (I)

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