El Tribunal de Garantías Penales impuso una sentencia de 26 años de cárcel contra Jimmy Q., declarado autor directo de un femicidio ocurrido dentro de las antiguas instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), en Portoviejo.
La decisión fue tomada con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la audiencia de juicio.
El hecho investigado ocurrió el 25 de junio de 2024. En ese lugar, una persona que vivía en las calles –el ahora sentenciado– ocupaba uno de los cuartos abandonados. Allí ingresó junto con la víctima, quien era trabajadora sexual.
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Dentro del espacio que utilizaba como habitación, ambos mantuvieron relaciones sexuales. Luego, tras una discusión, Jimmy Q. la agredió físicamente: primero la golpeó con una piedra y luego la estranguló con una prenda de vestir.
Posteriormente, envolvió el cuerpo con su ropa y un colchón y salió del lugar. Minutos después, su hermano –también en condición de calle y quien ocupaba otro espacio en las mismas instalaciones– alertó a uno de los guardias del sitio. Este, a su vez, dio aviso al ECU911.
Agentes de Policía acudieron al lugar y, luego de un proceso de búsqueda, aprehendieron al agresor, quien fue posteriormente procesado como presunto autor de crimen.
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Durante la audiencia de juicio, el fiscal del caso presentó más de veinte pruebas, entre ellas quince testimoniales. Se incluyeron los testimonios de los guardias, quienes corroboraron que vieron al ahora sentenciado ingresar con la víctima la noche anterior y salir solo la mañana siguiente.
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También se incorporaron el acta de levantamiento del cadáver la autopsia correspondiente, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos –donde se encontraron manchas de sangre compatibles con el perfil genético de la víctima– y el informe de la pericia de ADN.
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Además, se receptó el testimonio del procesado, quien reconoció su responsabilidad en el delito. Una pericia reveló, además, que existió una relación de poder por parte del agresor hacia la víctima.
El delito de femicidio está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. (I)
