La minería ilegal se está convirtiendo en un grave problema del Ecuador. La Cámara de Minería del Ecuador estima que en al menos veinte provincias del país hay minería ilegal y en catorce de ellas el problema es “dramático”.

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, sostuvo que incluso hay minería ilegal en áreas que son protegidas, como los parques nacionales.

La declaración fue realizada en el contexto de la muerte de once militares durante un operativo de control de minería ilegal en Alto Punino, en la Amazonía.

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El Ejército señaló que se trató de una emboscada de miembros del grupo irregular Comandos de la Frontera.

La dirigente gremial indicó que en el país hay una ‘narcominería’ que se está expandiendo con complicidad y corrupción, pues hay maquinaría que entra a las zonas.

“Hoy, el producto estrella del crimen organizado ya no es la droga: son lamentablemente los minerales extraídos de manera ilícita”, dijo Silva en Teleamazonas.

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La dirigente señaló que el grupo Los Tiguerones está operando en la zona norte del país, ahora con presencia de Comandos de la Frontera, y Los Lobos en la zona sur.

Silva señaló que la minería ilegal tiene una capacidad de movilización y que quienes están manejando los hilos de esta actividad ilegal son mafias transnacionales.

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“No hay que ser ingenuos. La minería ilegal no se trata de cuatro comuneros que hicieron ‘vaca’ para comprar unas retroexcavadoras, que son mineros artesanales sin un papelito. La minería ilegal hoy en el país es narcominería y ese delito está conexo con otros”, dijo.

La dirigente dijo que se necesita coordinar acciones a nivel regional, porque Ecuador no es el único país que afronta este problema.

Para la presidenta de la Cámara de Minería, es necesario reabrir el catastro de minería, que se cerró entre el 2017 y 2018 por supuestas irregularidades.

Las áreas de concesión estaban mal graficadas y se detectaron irregularidades.

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Un catastro minero refleja las concesiones mineras que entrega el Estado ecuatoriano.

Silva sostuvo que, si se reabre el catastro, por lo menos se tendrían acciones de control en zonas mineras para ir frenando el problema.

No hay datos de cuántos millones movería la minería ilegal, pero varias fuentes señalan que serían más de 1.000 millones de dólares. (I)