Tres acciones impulsará el Cabildo Cívico de Quito luego de que el Concejo Metropolitano aprobara con 15 votos una ordenanza metropolitana sobre soportes publicitarios.
Una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) y denuncias en la Contraloría General del Estado y en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial serán planteadas en los próximos días.
Según el cabildo, en el Distrito Metropolitano existen 1.040 vallas publicitarias, de las cuales solo 151 disponen de una licencia, es decir, la mayoría son ilegales.
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Esta irregularidad ha generado, indicó el Municipio citando al concejal Adrián Ibarra, un gran perjuicio, porque se recaudan alrededor de $ 331.000 por las 151 vallas, cuando debería ser más de $ 3,3 millones.
La normativa, explicó el Municipio, establece un cupo máximo de 1.430 vallas en todo el Distrito Metropolitano de Quito, que serán distribuidas entre las diferentes administraciones zonales.
Además, incorpora mejoras en el proceso de obtención de la licencia, entre ellas, que el solicitante esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Municipio.
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Las licencias que se otorguen tendrán una vigencia de cuatro años con pagos anuales, para ello deberán cumplir con requisitos técnicos y condiciones para su ubicación, según el uso del suelo.
No se podrán colocar vallas en uso de suelo de protección ecológica, patrimonial, arqueológica, recurso natural o suelo de reserva.
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Para usos de suelo residencial de baja, media densidad, servicios especializados e industrial, y residencial rural, se permitirán soportes publicitarios con una distancia mínima de 200 metros radiales.
En usos de suelo múltiple, residencial y urbano de alta densidad se permitirá únicamente en lotes con superficie mínima de 300 m2, frentista a vías colectoras y arteriales.
Además, se crearán polígonos de publicidad masiva (PPM), zonas especialmente definidas y reguladas para la instalación de soportes publicitarios dentro de la ciudad.
En el caso de publicidad en pantallas led se establecen horarios para que se mantengan activas.
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Pero, para esa organización social, se ha dado paso a la masificación exacerbada de publicidad exterior con lo que habrá un incremento exponencial de vallas y anuncios publicitarios en el espacio público, vías principales y secundarias, en barrios residenciales, carreteras, edificios, terrazas, cerramientos.
Rocío Bastidas, coordinadora general del Cabildo Cívico de Quito, señaló que las denuncias en la Contraloría y en la Superintendencia buscan que se examinen cómo está el catastro de esos soportes publicitarios y cuánto no ingresó a las arcas municipales por concepto de multas, así como que se hagan exámenes especiales.
Agregó que los derechos de la ciudad han sido vulnerados, por lo que se presentará una acción de inconstitucionalidad en la CC. (I)
