Elías B., exalcalde del Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, fue procesado por la Fiscalía tras ser acusado de cometer el presunto delito de sabotaje cuando ejercía sus funciones.

Además de ser notificado del inicio del proceso penal en su contra, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Alexandra Vallejo, dispuso la prohibición de salida del país y de enajenar bienes.

El proceso penal en contra de Elías B. se dio cuando ejercía sus funciones como alcalde de Camilo Ponce Enríquez, pues en aquella época el procesado habría incitado a que moradores de la comunidad La Florida, del cantón Santa Isabel, restrinjan la libre movilidad en el sector para evitar que se desarrollen actividades mineras de una concesión que operaba en el sector. Así lo acusó Leonardo Amoroso, fiscal provincial de Azuay.

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El motivo por el cual habría motivado a los moradores de tomar esa medida se debe a que, según el exfuncionario, habría indicado que la compañía involucrada en el caso no contaba con los permisos de uso de suelo, además de no contar con el pago de las tasas municipales.

Ante esta acusación los representantes legales de la compañía minera presentaron documentos que respaldaban que estaban al día con las obligaciones. Además incluyeron las escrituras de los terrenos ubicados en el cantón Santa Isabel, un territorio fuera de la jurisdicción del alcalde de Camilo Ponce Enríquez.

Luego de varias reuniones entre el alcalde y los moradores de la comunidad La Florida, se implementó un improvisado control vehicular para impedir la circulación de las volquetes, vehículos y personas de la compañía minera.

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Tras una investigación realizada por disposición de Elías B., con personal y maquinaria municipal, procedieron a realizar varias zanjas de 2 a 3 metros de ancho, lo que habría destruido tuberías de drenaje de la carretera Pujilí-Santa Teresita-Bella Aurora.

La tubería afectada está bajo la jurisdicción de la administración del cantón Santa Isabel, por lo que debido al estado no se podía circular con normalidad por el sector.

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La Fiscalía indicó que la instrucción fiscal durará 90 días. Para llegar a tal decisión, la Fiscalía analizó varios documentos, entre los que constan las versiones del denunciante y testigos. Así como también el reconocimiento del lugar de los hechos informes técnicos periciales de audio y video y de planimetría forense, documentación que acredita la legalización e inscripción de la concesión minera y su transferencia a favor de una compañía, fotografías y links de redes sociales, en los cuales se observan los hechos.

La decisión de iniciar el proceso de Elías B. se da bajo el artículo 345, inciso uno del COIP que sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años a las personas que hayan cometido el delito de sabotaje. (I)