Dos pedidos hicieron las autoridades de la Universidad Central del Ecuador (UCE) dentro de la causa que se ventila en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha por las cuestionadas elecciones que dieron como ganador a la lista encabezada por Patricio Espinosa.
A través de un estudio jurídico, abogados particulares que las patrocinan piden a los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, donde recayó el caso tras apelaciones presentadas, que se acepte su recurso de apelación, declarándose la vulneración al debido proceso.
Además que se ordene al Consejo de Educación Superior (CES) y a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) abstenerse de emitir cualquier acción que tenga como consecuencia desconocer a las dignidades de los accionantes como autoridades de la UCE, incluida la repetición del proceso eleccionario.
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Este pedido se hace a pocos días de que se cumpla el plazo dado por el CES para que el Consejo Universitario de ese centro de estudios convoque nuevamente a elecciones.
El denominado Consejo Universitario está integrado por unas 60 personas, entre decanos, representantes de docentes, estudiantes, trabajadores, y es el organismo que debería nombrar a autoridades temporales que tendrían funciones encargadas y además dar paso a nuevas elecciones a través del Consejo Electoral. Es la máxima instancia universitaria.
Según el CES, el miércoles 21 de agosto es la fecha límite para una convocatoria a fin de que se elija al rector, rector, vicerrector Académico y de Posgrado, vicerrector de Investigación, Doctorado e Investigación, y vicerrector Administrativo-Financiero para el periodo 2024-2029.
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Una primera acción de protección que presentaron las autoridades de la Universidad Central, que fue aceptada y que suspendió una primera disposición del CES (en mayo) para convocar a elecciones, pasó oficialmente a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Esto porque el caso fue apelado y ya se realizó el respectivo sorteo que recayó en la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil.
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Una segunda acción de protección no se aceptó, pues el caso ya se analiza en una segunda instancia, es decir, en la Corte Provincial, en tanto que la Senescyt pidió que haya una audiencia para exponer sus argumentos. (I)
