Una demanda de recusación contra la jueza María Elena Lara, planteada por la defensa de Leandro B., exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, uno de los siete procesados por el delito de delincuencia organizada relacionado con la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria, suspende la competencia de la jueza en el caso e impide que se instale la audiencia preparatoria de juicio.

En esta causa son procesados también el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, Isabel M., Bryan P., Verónica A. y el israelí Sheinman Oren. Todos son investigados desde agosto de 2020 por supuestamente haber planificado y ejecutado actividades delictivas, entre marzo y octubre de 2020, dentro de la comercialización de pruebas y material necesario para la pandemia.

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La recusación está basada en que una de las causas de recusación de los juzgadores es la de “fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella”. Para la jueza Lara, al estar inmersa dentro de una de las causas establecidas se suspende su competencia y se aparta de seguir conociendo la causa.

Ante ello, se dispone que de forma inmediata se remita el proceso a la Sala de Sorteos de la Unidad Judicial Penal Parroquia Iñaquito, en Quito, para que uno de los jueces penales distinto a ella continúe con la sustanciación de la causa penal. Advirtió que dentro de la presente causa se encuentran los procesados cumpliendo prisión preventiva, la cual se encuentra próxima a caducar.

En este mismo caso, el 15 de abril pasado, Lara, quien llegó en este momento en remplazo de la jueza Verónica Medina, acogió los procedimientos abreviados de los también exagentes de la AMT Cléver A. y Samuel S., quienes aceptaron los hechos atribuidos por la Fiscalía, y los sentenció a cinco años de cárcel a cada uno. En mayo pasado esta misma jueza ya recibió una recusación planteada por las defensas de los Bucaram.

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Se conoció que el sorteo se realizó y que el nuevo juez del caso será Geovanny Freire. Tentativamente se estaría por señalar la instalación de esta audiencia para la siguiente semana en el Complejo Judicial Norte, en la capital.

La primera convocatoria a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se dio el 21 de junio pasado, pero la jueza de Pichincha que en ese entonces estaba a cargo del caso, Verónica Medina, resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en la etapa de instrucción fiscal ante supuestas violaciones al derecho a la defensa de los procesados.

La decisión generó la apelación de la fiscal Lidia Sarabia, y el 27 de julio último, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptaron el recurso de apelación y revocaron el auto de nulidad definido por Medina. Con ello se declaró válido todo lo actuado, quedando el caso para que se desarrolle la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. (I)