Una demanda de recusación contra la jueza María Elena Lara, planteada por la defensa de Leandro B., exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, uno de los siete procesados por el delito de delincuencia organizada relacionado con la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria, suspende la competencia de la jueza en el caso e impide que se instale la audiencia preparatoria de juicio.