Una de las principales promesas de campaña del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino, fue cerrar el tapón del Darién, selva que se ha convertido en una ruta de migración irregular masiva entre Colombia y Panamá.
Mulino se posesionó el pasado 1 de julio, y una de sus primeras acciones como primer mandatario fue anunciar un acuerdo de mutuo entendimiento con Estados Unidos, estipulando que la potencia norteamericana pagaría la repatriación de los migrantes que intenten cruzar el Darién.
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“Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”, proclamó el derechista, que asumió la candidatura luego de que el presidencial original del partido Realizando Metas y Alianza, el expresidente panameño Ricardo Martinelli, fuera condenado a diez años de prisión por blanqueo de capitales y subsecuentemente inhabilitado a aspirar a cargos públicos.
La presencia de un funcionario estadounidense en el público de su posesión daba a entender la cooperación entre ambos países en el ámbito migratorio: Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y arquitecto de la política migratoria del Gobierno de Joe Biden, asistió al evento.
Dos días después de su posesión, el Gobierno de Mulino anunció que había cerrado tres pasos de acceso en el Darién para “canalizar” el flujo de migrantes. En uno de ellos utilizaron barreras perimetrales, y han colocado alambre de púas en algunos sectores.
Las deportaciones no serían viables
Sin embargo, varios expertos dudan de la viabilidad de los planes de cerrar el Darién. Martina Rapido, abogada e investigadora para Human Rights Watch que está realizando una investigación en el peligroso cruce fronterizo, explica que cerrarlo es “imposible en la práctica”.
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Rapido, no obstante, recalca que la verdadera intención de Mulino, revelada ya por su acuerdo con Estados Unidos, es la de devolver a los migrantes por donde vinieron, lo cual considera una medida contraproducente, pues llevará a que los migrantes usen otras rutas más peligrosas, enriqueciendo más al crimen organizado.
“Hemos podido ver, a lo largo de los años, que las personas que migran por la situación de sus países de origen van a buscar alternativas a pesar de las restricciones”, indica. “Ya hemos visto que se están activando nuevas rutas migratorias por el Pacífico; eso se seguirá dando si empiezan las deportaciones desde Panamá”.
La selva del Darién representa un desafío logístico tan grande que ni siquiera la carretera Panamericana la cruza. Era considerada una selva intransitable y, aunque sigue siendo mortífera para muchos por su clima y por las bandas de criminales que controlan el paso, 520.085 personas la transitaron en 2023, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá. 57.250 de ellas fueron ciudadanos ecuatorianos, la segunda nacionalidad más numerosa, detrás de la venezolana.
Aunque Rapido señala que es difícil saber con certeza cuántas personas mueren en el Darién, pues “muchos de los cuerpos no se recuperan”, el uso de vías marítimas irregulares, a las cuales podrían recurrir en masa los migrantes para evitar ser deportados al cruzar el Darién, sí tiene cifras marcadas.
Estados Unidos pagará a Panamá por repatriar a migrantes que intenten cruzar el Darién
Según la Organización Internacional de Migrantes, 3.129 personas han muerto o desaparecido mientras intentaban cruzar el mar mediterráneo desde el norte del continente africano durante 2023.
William Murillo, de la organización 1800 Migrante, expresa que la nueva política panameña es restrictiva, y que la restricción “no es la solución”. Pone de ejemplo el requerimiento de visado a ecuatorianos impuesto por el Gobierno mexicano en 2021, una medida que considera cortoplacista, pues el paso de ecuatorianos por el país hasta llegar a la frontera sur con Estados Unidos cayó al principio, pero se volvió a disparar.
“Lo único que hicieron fue darles tiempo suficiente a las mafias, a los traficantes de personas, para que busquen nuevas rutas y lugares para cruzar. Subió un 400 %: de 25.000 personas saltó a 117.000 en un año. La estrategia de pedir visas fue un fracaso”, explica Murillo.
Añade, además, que Panamá es gigantesco, y que es cuestión de tiempo para que los migrantes encuentren más maneras de ingresar, como vías marítimas y más vuelos a Panamá, incrementando el costo de migrar de esta forma.
12.128 ecuatorianos cruzaron el tapón del Darién en los primeros cinco meses de 2024
Cerrar el paso sería una medida cortoplacista
Murillo calcula que la estrategia panameña dará resultados (en el sentido de reducir el número de pasos irregulares por el Darién) en el corto plazo. A la larga, como sucedió con la imposición de visados a ecuatorianos en México, el experto cree que la cantidad de gente que llega a la frontera sur de Estados Unidos subirá.
“Obviamente, Panamá no tiene los recursos para financiar todo lo que significa deportar, repatriar a cientos de miles de migrantes de distintos países. Estados Unidos vio la oportunidad de, entre comillas, ‘ayudar’, porque a la larga es más fácil cortar la migración en Panamá y no que lleguen a Estados Unidos”, expresa Murillo.
Por ahora, según el acuerdo que Mayorkas firmó con el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, Estados Unidos entregará $ 6 millones a Panamá para iniciar las deportaciones.
Rapido, empero, señala que Panamá tiene miles de ingresos por la selva cada día, y que la logística de una operación masiva de deportaciones es poco favorable.
Señala, asimismo, que el Gobierno panameño no puede proceder con repatriaciones de forma automática, pues el derecho internacional exige que cada caso individual se evalúe.
Sin embargo, señala que Estados Unidos ha ejecutado planes similares antes, pero que aplicar esta estrategia en el Darién representaría un reto.
Más allá de la efectividad de la medida, Rapido considera que se deben analizar las deportaciones bajo un enfoque de derechos humanos, de las consecuencias de regresar a personas que escapan de graves crisis humanitarias.
“Retornar a personas a sus países de origen, donde todos conocemos que su situación es la que es, pensemos en la crisis humanitaria compleja que tiene Venezuela, además del tema de represión de cara a sus elecciones próximas, o en Haití, que tiene una gravísima crisis...”, indica Rapido.
La abogada ha estado viajando al Darién para un proyecto investigativo, y cuenta que la situación económica de los migrantes es cada vez peor.
Cada migrante, indica, debe pagar $ 350 solo para cruzar de Necoclí, en Colombia, al otro lado del golfo de Urabá. Luego vienen todos los gastos que implica cruzar la selva.
“Es una situación muy compleja que no se va a resolver de la noche a la mañana ni con este tipo de medidas como cerrar el Darién y devolver a la gente”, expresa la representante de Human Rights Watch. (I)
