Son situaciones que continúan, pese a que sí hay menos tabúes al respecto, añade la dirigente.La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDC), aprobada en enero del 2016, estableció el reconocimiento legal de la identidad de género que regula el cambio del campo “sexo” por el de “género” en la cédula de identidad.Esto facilitó que las personas trans puedan cambiar sus nombres acordes a la identidad de género con la que se autoidentifican, es decir, contrario al sexo que les asignaron al nacer.El registro de género en la cédula de identidad se inició el 3 de agosto de 2016. Desde entonces, un total de 1.551 personas trans han cambiado sus nombres de hombres a mujeres o de mujeres a hombres. Además, 583 hicieron solo el registro de género contrario al que les asignaron al nacer, la mayoría de masculino a femenino.Desde antes de la vigencia de la LOGIDC, las personas trans ya se podían cambiar de nombre y las transexuales (las que habían hecho la transición de sus genitales masculinos a femeninos, o viceversa) podían también cambiar el renglón de sexo, según corresponda, dice Rashell.“El trámite requería un certificado de la clínica donde se hacían la operación quirúrgica y cambiaban el sexo en la cédula a través de un abogado de hombre a mujer (o viceversa). Con la LOGIDC lo que se hace es reemplazar en la cédula (física) la información de sexo por género, pero en la partida de identidad se revierte y queda que originalmente era de sexo hombre o mujer (según el caso)”, añade.Las que solo registran el género ya se habían cambiado el nombre y equiparan la información de identidad, según la ley vigente desde el 2016.El servicio se realiza a escala nacional recién desde el 26 de abril de 2021, “una vez que se implementó el nuevo Sistema de Emisión de Cédulas y Pasaportes Electrónicos (SEDIP)”, indica vía e-mail el Registro Civil.Con estos cambios se debe contar con la cédula de identidad del solicitante y la de dos testigos, informa la entidad, aunque seguidamente añade como requisito opcional “la declaración juramentada, pasaporte del testigo, carné de refugio del testigo y el documento de identidad del país de origen del testigo para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones”.El tiempo estimado para la atención es de 60 minutos, aproximadamente, según el organismo.Uno de los primeros pasos durante lo que va del régimen fue la creación de la Subsecretaría de Diversidades con dos direcciones. Una para guiar la política pública para la población LGBTI+ y otra de prevención y monitoreo sobre la violencia hacia el grupo.La Secretaría Nacional de Planificación aprobó además un proyecto para trabajar sobre masculinidades, sensibilización a la población en género, mujeres y diversidad con una inversión de $ 1,5 millones. “Es lo necesario para el levantamiento de información dada la experiencia con la Enemdu y que no existan hechos violentos al momento de hacer este tipo de preguntas”, asegura Ochoa.Otra acción será la creación de escuelas de formación para dotar de herramientas y habilidades a las personas trans, con el fin de que creen procesos de emprendimiento con trabajo digno. “En 2023 esperamos tener un fondo con capital semilla para que las graduadas pueden iniciar sus proyectos”, afirma el funcionario.En la Subsecretaría de Diversidades esperan que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador entregue el listado de los recluidos que son parte de la población LGBTI+.El objetivo es realizar brigadas de cedulación en las cárceles para que las personas trans que quieran puedan cambiar sus nombres y registrar el género con el que se autoidentifican.“Tras ello decidirán en qué centro de reclusión pasarán la pena, es una decisión autónoma. Hay casos como el de una mujer trans en Loja que prefirió quedarse en el pabellón de hombres. La autoidentificación de género es propia e individual. El Estado no puede obligar a una persona trans a autoidentificarse o ubicarse en un pabellón u otro”, asegura Ochoa.Hay fiscales y jueces, dice el funcionario, que establecen procesos de investigación de los delitos en los que se identifica como una persona trans al procesado o la víctima si se expresa como tal, aun cuando no haya hecho cambio de género en la cédula, un proceso de transición hormonal o de operación, porque no todas lo hacen.“El problema es que hay también fiscales que en los partes colocan que no se puede comprobar que es una persona trans. Pasó con una chica trans asesinada hace unos meses. Ni un fiscal ni un juez ni el Estado puede decirle a una persona si es trans o no, se decide por sí mismo, es una autoidentificación de género”, indica Ochoa.El último diagnóstico de las condiciones de vida y el acceso a derechos de la población LGBTI+ del INEC fue en 2013.Ochoa dice que habrá dos procesos de levantamiento de información enfocados a esta población, con el fin de actualizar la encuesta del 2013, un estudio de caso que se hizo con un cuestionario que respondieron 2.800 personas en ese entonces.“Esta vez se hará con otro método para llegar a unas 10.000 personas de la población LGBTI+”.Y con la inversión de $ 113.000 a través de la cooperación alemana GIZ se prepara un estudio especializado de violencia hacia el grupo, que empezará en enero y los primeros resultados estarán listos en diciembre del 2022. (I)","isAccessibleForFree":false,"hasPart":{"@type":"WebPageElement","isAccessibleForFree":"False","cssSelector":".paywall"}}
Protestas de la comunidad LGBTIQ, el pasado domingo 28 de noviembre en Quito, luego que se entorpeció que personas trans se hagan fotos frente a la Basílica del Voto Nacional. Foto: El Universo
El cálculo del desempeño en el mercado laboral de la población LGBTI+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales) en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) requiere de preguntas a los encuestados sobre si se autoidentifican como parte de esa comunidad.
El director ejecutivo de Lundin Mining, Jack Lundin, afirma que el hallazgo de estos recursos puede afectar incluso, el futuro del sector minero en Sudamérica