El 21 de enero de 2022 cinco personas murieron acribilladas en el sector de la Playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Al menos diez personas llegaron al sitio por vía fluvial en dos lanchas. Enseguida sometieron a los guardias del complejo deportivo de la Playita y avanzaron hacia una cancha, donde dispararon a varios ciudadanos que se encontraban en el lugar. Varios cuerpos sin vida quedaron tendidos sobre la cancha, mientras que los heridos fueron socorridos por allegados.

A raíz de este ataque armado, los ecuatorianos hemos visto horrorizados cómo las masacres se han vuelto una constante y cómo personas inocentes son asesinadas y el término de víctimas colaterales ha empezado a retumbar. De hecho, en el 2023 estos hechos se han multiplicado.

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Por ejemplo, una urbanización ubicada en la avenida León Febres-Cordero, que pertenece al cantón Daule, fue el escenario de una masacre el 28 de enero. Antisociales armados ingresaron al sitio y asesinaron a cuatro personas que al parecer estaban reunidas en una vivienda.

Luego, la noche del 1 de abril cinco personas fueron asesinadas en el sector Santo Domingo de Estancia Vieja, en el cantón Portoviejo. El crimen fue cometido mientras las personas se trasladaban por una carretera de tercer orden.

El 11 de ese mismo mes ocurrió la masacre en el puerto pesquero de Esmeraldas que causó nueve muertos y cuatro personas heridas. El ataque armado fue dirigido a alias Papa. Antes que finalice ese mes, el 29, también se registró otro ataque armado, esta vez en Guayaquil: 10 personas fueron asesinadas en un taller mecánico ubicado en la calle Gómez Rendón, en el suburbio. El atentado habría estado dirigido a dos miembros de Los Águilas. De hecho, entre las víctimas inocentes estaba una niña de cinco años.

En el Puerto Pesquero de Esmeraldas se dio una masacre debido a enfrentamiento entre bandas delincuenciales. Foto: archivo

En tanto, el 14 de mayo, en Quevedo, siete personas, entre hombres y mujeres, murieron acribilladas. Otras cuatro fueron heridas. La masacre ocurrió durante un festejo por el Día de la Madre y cuando varias personas se encontraban reunidas en el interior de una vivienda.

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Cuatro días después, el 18 de mayo, momentos de terror vivieron personas que estaban en una sala de velación de Manta. Dos sujetos armados entraron a una de las salas de Jardines del Edén y dispararon contra las personas que estaban velando al agente de tránsito Andrés Moreira Cedeño, de 34 años. Cuatro personas murieron.

La más reciente masacre ocurrió el 20 de mayo pasado cuando un grupo armado disparó contra los clientes y trabajadores de un restaurante ubicado en Montañita, Santa Elena. Seis personas fueron asesinadas y otras seis resultaron heridas. La Policía cree que el objetivo del atentado habría sido Jefferson Santana López, alias Morro, quien fue uno de los asesinados. Santana pertenecía a la banda de Los Águilas, brazo armado de Los Choneros.

Todos estos ataques tienen el mismo modus operandi: los sicarios llegan con armas largas (por lo general, fusiles) y disparan sin importarles que haya personas inocentes en el sitio con tal de asesinar a su objetivo. Los ecuatorianos hemos escuchado con profunda indignación y horror, en videos que se viralizan en redes sociales, cómo niños lloran a sus padres que yacen muertos en el piso o madres que lloran a sus hijos cuyo único “error” fue ir a comer a un restaurante.

Es que ya no existen lugares seguros en el país. La sensación de relativa seguridad que sentíamos en urbanizaciones privadas, centros comerciales, en restaurantes cerrados o sitios concurridos se ha ido. Y el temor a salir con familiares o amigos se ha apoderado de nosotros: “prefiero pedir a domicilio, ver películas en casa antes que arriesgarme a salir. Ya cuando salgo al trabajo vivo atemorizada mientras espero el bus o desayuno donde la señora de las tortillas y que llegue un tipo con una metralleta (fusil) y me mate sin saber por qué”, dice Eduarda Peña, guayaquileña de 25 años.

Las masacres en las calles son consecuencia de la guerra que existe entre las bandas delincuenciales para captar territorios para venta de droga y rutas para exportarla. Además, de la inacción del Estado que ha dejado que ciertos territorios “calientes” sean “conquistados” por estas organizaciones delincuenciales, afirman analistas consultados por EL UNIVERSO.

La masacre que se registró en enero de 2022 en la Playita del Guasmo dejó cinco personas asesinadas. Foto: Cortesía.

Fernando Carrión, experto en seguridad, asegura que estos ataques armados tienen relación con los conflictos de las estructuras criminales por sus procesos de fragmentación, ya que sus líderes, en algunos casos, han sido detenidos o asesinados lo que deja al libre albedrío a estos grupos que determinen que la única forma de actuar sea con el incremento de la violencia.

También, afirma que la decisión del actual Gobierno de declarar terroristas a las bandas delincuenciales puede ser un camino para tratar de reducir las masacres. Sin embargo, al ser conflictos internos de estas organizaciones es complejo que no haya asesinatos de personas inocentes que estuvieron en medio del cruce de las balas.

Además, para el experto, estos escenarios confirman que los sistemas de inteligencia del país no están funcionando correctamente, ya que no se está realizando un seguimiento de los hechos delictivos. Es decir, si un líder de una banda es asesinado en estas masacres se debe anticipar que habrá una respuesta, identificar a los posibles objetivos para tratar de evitar un nuevo ataque armado o muertes de víctimas inocentes.

A esto se añade que las declaratorias de emergencias y constantes estados de excepción, que antes se pedían por ser figuras que se creían podían parar la delincuencia, ya no dan resultado y a la sociedad le da lo mismo si se establecen y, de hecho, han creado una imagen negativa que se asocia con cierre de negocios y afectación a la economía. Eso produce desempleo que, a su vez, genera pobreza que deriva en más jóvenes que buscan a las bandas delictivas como una fuente de ingresos.

Para Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y experto en seguridad, hay dos factores importantes que explican la aparición y aumento de las matanzas en las calles de Ecuador. El primero es una concurrencia de un exceso de droga en los departamentos de Nariño y Putumayo (Colombia) y la provincia de Esmeraldas, lo que proyecta un vector que mueve por esta zona el 75 % de la producción de cocaína de Colombia, que atrae a carteles mexicanos, colombianos y la mafia brasileña.

Esto desborda al territorio ecuatoriano y genera el tránsito, indica Pazmiño, de cerca de 800 toneladas de droga anuales.

El segundo factor es que las organizaciones internacionales de crimen organizado subcontratan o tercerizan el transporte, seguridad y traslado de la droga por Ecuador y los grupos delincuenciales nacionales tratan, en todo momento, de controlar las rutas desde los centros de acopio hasta las plataformas internacionales de distribución como los puertos y aeropuertos. Es aquí donde se originan los enfrentamientos que terminan en masacres.

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Los delincuentes nacionales van creando “santuarios territoriales” donde el Gobierno perdió la efectividad en términos de seguridad. Pazmiño añade que las autoridades deben abordar con mano firme esta situación e implementar estrategias para minimizar la presencia de estos grupos y, especialmente, reducir la cantidad de droga que circula en el país.

Carrión y Pazmiño coinciden en que no solo se debe aumentar el armamento bélico a las Fuerzas Armadas, sino atacar problemas sociales como la pobreza, la inequidad, la falta de empleo y mejoras en la educación para que las organizaciones delincuenciales no puedan captar nuevos elementos.

Sin embargo, las posibles soluciones presentadas son a largo plazo y la desesperanza nos sigue embargando, por lo que nos surge la pregunta ¿por qué debemos seguir observando a madres llorando por sus hijos, y viceversa, asesinados como víctimas colaterales? (I)