Las ráfagas de metralleta y fusil empezaron a las nueve de la noche cuando algunos de los vecinos veían televisión el viernes 19 de agosto último. Lo primero que hicieron fue tirarse al piso y permanecer en el interior de las casas, la mayoría de una planta y cuyas paredes están adosadas unas con otras en Socio Vivienda 2 en el noroeste de Guayaquil, hasta que el silencio indicara una aparente calma.

Pero el sonido de las balas continuaba tras estas pausas. Así transcurrió la noche y madrugada del día siguiente. “La calma era por ratitos, allí nos asomábamos. Vi que recién como a las once de la noche llegó la policía, paraban y luego volvían. Disparan como locos, sin ver, por eso se corre a los cuartos”, dice una de las testigos de la balacera cuyo nombre reservamos por seguridad.

“Hay jóvenes de 15, 16 y 17 años reclutados por las bandas para ser sicarios, como son inimputables a los meses ya salen en libertad”, dice comandante de la Zona 8, Víctor Zárate

El tiroteo ocurrió a una cuadra de las llamadas Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en este subcircuito del distrito Nueva Prosperina, que concentra el mayor número de muertes violentas (asesinatos, homicidios, sicariatos y femicidios) de la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón, con 209 casos desde enero hasta el 23 de septiembre último. Un aumento del 260 % respecto al 2021, casi cuatro veces más.

Los moradores de Socio Vivienda 2 indican que las balaceras han sido más frecuentes este año. La Policía dice que en la zona se da un enfrentamiento entre las organizaciones delictivas los Tiguerones, dedicados al tráfico de drogas, y los Lobos, a quienes se responsabiliza de secuestros, robos y actos de extorsión.

“Hay casas abandonadas en las que ahora guardan armas”, refiere un morador cuyo hogar da a una de las peatonales. También hay áreas de Socio Vivienda 2 vetadas para la mayoría. Se trata de una porción de casas que lindera con la única cancha de césped del lugar y con el bosque seco. “Ni los policías y militares entran allí, es al fondo. Cuando hay las balaceras apretamos el botón de pánico, pero los policías se aparecen hasta dos horas después o ni llegan. Nos dicen que se va el sistema o el internet, pero por favor no ponga mi nombre, ya han baleado mi casa”, afirma a manera de ruego otra de las moradoras.

El distrito Nueva Prosperina es el más conflictivo y tiene un mayor déficit de las UPC. Solo 11 de sus 32 subcircuitos tienen una, es decir, ni la mitad. Faltan en 21. Pascuales, Durán y Florida siguen con la falta de 16, 13 y 12 UPC, en su orden.

El cuadrante norte y noroeste de la Zona 8, que abarca Nueva Prosperina, Florida y Pascuales, tiene la mayor falta de las UPC con un total de 49 subcircuitos sin ellas, mientras que en todo el sur que incluye los distritos Sur, Esteros y Portete faltan en 17.

En Nueva Prosperina, Florida y Pascuales, distritos que colindan entre sí, ocurrieron también casi la mitad (400) de las 1.045 muertes violentas registradas durante lo que va del año (hasta el 23 de septiembre) en la Zona 8.

“Los tiroteos en Socio Vivienda 2 son con fusiles, metralletas, no armas pequeñas. Han disparado hasta a la UPC, la una banda quiere tener el terreno libre para robar, la otra quiere traficar droga, evitar los secuestros y no llamar la atención. Nosotros quedamos en medio, no todos los que vivimos acá somos malos. Hay 3.027 familias”, añade la habitante.

Es verdad, reconoce, que algunos abandonaron sus viviendas y se fueron del lugar por amenazas. “La otra vez una señora informó que un secuestrado estaba atrás de su casa y se tuvo que ir por consejo de la propia Policía, ya que las bandas la amenazaron al enterarse de que ella había sido la que informó”.

Algunos de los hechos quedan captados en videos que se viralizan en las redes sociales, como en el que se ve a un joven que vira en moto por una esquina y a la altura de la manzana 426 de Ficoa, en la zona de Juan Montalvo del distrito Florida, en el norte de Guayaquil, dispara contra un hombre que huye corriendo del lugar. El hecho ocurrió el 3 de marzo pasado.

El punto es conflictivo, coinciden sus habitantes que llegaron al sector hace 40 años a partir de la década del ochenta del siglo XX, y se posesionaron de lo que era una explanada del otrora Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

“La situación de asesinatos, balaceras a cualquier hora, una bomba que explotó y la venta diaria de droga empezó a notarse más desde el 2019. Los hijos de una de las parejas fundadoras del asentamiento son los que proveen a los jóvenes vendedores. Los padres de ellos migraron a España con la crisis bancaria de 1999, dejando a sus hijos primero bajo el cuidado de otros familiares y luego los mandaron a ver. Finalmente todos regresaron en 2008. Al inicio se daban asaltos, pero todo ha ido empeorando en torno al negocio ilícito de la droga”, refiere un morador.

Un mecánico latero (que endereza la lata de los carros chocados) resultó herido en medio de un tiroteo ocurrido alrededor de las cinco de la tarde del 18 de febrero pasado. Un mes después, en la misma cuadra y manzana, explotó una bomba al pie de una casa contigua al punto donde venden las sustancias ilícitas, cuentan los vecinos.

Una calzada que con veredas no sobrepasa los ocho metros de ancho separa a las manzanas. Las viviendas están apiladas y flanqueadas por postes que sostienen decenas de cables del alumbrado eléctrico. “La venta de droga es a diario y la hacen los más jóvenes. A uno de los hermanos que provee lo detuvieron este año, pero salió libre”, cuenta un habitante.

Lo que ocurre en la Zona 8 es una muestra de que el Estado va perdiendo el control de ciertos puntos del país, afirma el analista y experto en seguridad Mario Pazmiño, quien considera que el tema de las UPC y la división en subcircuitos ya queda obsoleto ante la ola de criminalidad que enfrenta el país.

“El personal asignado está completamente aislado de la estructura de seguridad de la Policía Nacional, son tres o cuatro personas con un vehículo o moto en el mejor de los casos que están en una vivienda, no hay más, pero inicialmente eran para 16 personas, eso no es real, no existe. Este tipo de deficiencia administrativa y logística lo único que genera es una vulnerabilidad operativa en ese sentido. Hay que cambiar el modelo a un esquema de presencia disuasiva permanente, una concepción diferente”, añade Pazmiño, quien fue jefe de Inteligencia del Ejército.

La idea es que la Policía Nacional, que está siendo desbordada, deje de tener la preponderancia en el manejo de la seguridad interna del país, afirma Pazmiño, y sea reemplazada por un mecanismo más fuerte que abarque todas las estructuras de seguridad, Fuerza Terrestre, Naval, Aérea, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Metropolitana y las empresas de seguridad.

“Estas dos últimas previamente a una selección y equipamiento adecuado. Todos ellos pueden conformar lo que se denomina como fuerzas de seguridad antidelincuencial, que hagan patrullajes permanentes en cada barrio con presencia de 24 horas. El personal asignado a las UPC procura estar allí sin salir a patrullar en las zonas desbordadas de delincuencia y no afrontar problemas de seguridad para ellos”, asegura el especialista.

En las inmediaciones de la UVC del distrito Florida, donde en mayo pasado explotó un carro bomba que estaba estacionado a la altura del parqueadero de la edificación, se denuncia el pago de vacunas por parte de los dueños de locales comerciales que son extorsionados por las bandas que operan en el sector.

“Los dueños de negocios en los alrededores de la UVC son extorsionados, solo los que estamos al frente de la UVC pasamos tranquilos hasta que se dio la explosión del carro bomba, en la madrugada del domingo 29 de mayo, eso no se había visto”, afirma el dueño de un local comercial de la zona.

Todo está descontrolado, agrega. Hace 30 años cuando empezó su negocio dice que todo era más tranquilo y que vio una diferencia con consumo y venta de droga de forma más desmesurada a partir del 2010. “Aquí todos escuchamos las balaceras que hay entre las bandas, durante las noches y madrugadas, de ley que los policías de la UVC también las oyen”, afirma.

Desde la explosión del carro bomba algunas de las UVC y UPC están acordonadas con mallas metálicas, como las de Socio Vivienda 2 y Florida.

Hay nueve ‘santuarios’ a nivel nacional en los que el Estado perdió el control total

En torno a las UVC y UPC pueden suceder dos situaciones. ”Las organizaciones delictivas ya tienen identificado a este personal asignado y los compran o los amenazan, también pueden ser ambas. Bajo esas circunstancias hay una penetración del crimen organizado sobre la estructura de control de la Policía Nacional, lo que se debe evitar”, indica Pazmiño.

Hay infraestructura policial de UPC y UVC ancladas en los denominados como ‘santuarios’, definidos así por ser zonas del Ecuador controladas por las organizaciones delictivas. “Estas se quedan allí aisladas”.

Nueve zonas del Ecuador ya no están bajo el control total del Estado. En ellas mandan las organizaciones delictivas que se disputan el territorio para el traslado y envío de drogas, sostiene Pazmiño.

Están en el cantón San Lorenzo (Esmeraldas), dos más en la ciudad de Esmeraldas, en Sucumbíos, en el límite provincial de Manabí y Los Ríos, una zona de Portoviejo (Manabí) y de Huaquillas (El Oro). Además, dos puntos urbanos de la Zona 8, uno en Durán y otro en las inmediaciones del puerto de Guayaquil, en el sur de la ciudad.

“Son espacios en los que el Estado pierde lo que se llama soberanía sobre el territorio, no puede ejercer su poder y los que ejercen son las megabandas, entonces hay un cambio en la dinámica del poder”.

Hay ‘santuarios’ en proceso de formación donde los grupos que operan en esas zonas están en disputa como en Socio Vivienda 2. (I)