Mediante un convenio de cooperación interinstitucional se registra desde enero del 2017 los casos de abuso y violación sexual cuyas víctimas tienen hasta 17 años de edad.

El Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado (que recepta las denuncias) participan de este reporte, con el fin de intercambiar y concatenar estos delitos cometidos en el ámbito educativo y los registrados por el sistema judicial.

El número de violaciones sexuales consumadas a menores de edad asciende a 2.241 entre enero del 2017 y septiembre de este año, es decir, durante casi los últimos cinco años, informó la Fiscalía General del Estado a este Diario. Los abusos sexuales sumaron 4.877 en ese mismo periodo a nivel nacional.

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), una organización no gubernamental, conoce algunos de estos casos y asiste con ayuda psicológica y judicial a las víctimas desde 1983.

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Jenny Lara, psicóloga del Cepam, afirma que el confinamiento por la pandemia del COVID-19 dificultó que algunos de los casos sean denunciados y que la situación de las víctimas empeoró, ya que por lo general los agresores son personas del propio núcleo familiar. “Dentro del servicio hemos evidenciado un gran repunte de los casos de incesto sexual, dado que el encierro orilló y expuso a las víctimas a estar cerca de los abusadores, de los agresores sexuales que por lo general terminan siendo los progenitores, los padrastros, abuelos, tíos, miembros del núcleo familiar”.

Las denominadas redes de apoyo que conllevan al rompimiento del silencio que siempre impide que algunos de los casos salgan a la luz, pues no estuvieron activas. En estas se incluye a los familiares más cercanos o allegados a las víctimas que son los que finalmente denuncian por lo general los casos.

“Esto dio pie a que no se llame a alguna amistad o a los docentes que trabajaban desde sus casas, lo que dificultó que conozcan los casos y denuncien cuando las víctimas son menores de edad. Todo esto fue un aliciente para que los abusos sigan perpetrándose y tuvieran efectos psicológicos más adversos y a todo nivel”, agrega Lara.

Una vez que se llega a la normalidad, pues ya se conocen de nuevo más claramente los casos con la ayuda de los orientadores de derechos humanos, los vecinos en las comunidades o de los familiares en quienes las víctimas confían.

“Estos agresores sexuales son por lo general personas totalmente funcionales, están entre nosotros, trabajan, son vecinos confiables. Son conscientes y cuentan con sus facultades mentales íntegras. Eso los ayuda a estar situados en la realidad y a tener noción del bien y del mal. Sabe lo que está haciendo, por lo que se esconde y utiliza el silencio como herramienta y arma para perpetuar la violación”, indica Lara.

Daniela Ziritt, psicóloga clínica y profesora de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que una relación sexual que involucre a un menor de edad siempre es una violación sexual porque hay manipulación y abuso de poder. “Ocurre mucho con las adolescentes que se tiende a juzgar, si hay conductas apropiadas por parte de ellas, si puede ser algo consensuado y eso es algo que no se debe cuestionar como sociedad”.

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Toda violación sexual genera un impacto psicológico, pero es distinto cuando el agresor es cercano a la víctima menor de edad (amigo o familiar). “En el caso de un adolescente o niño este se ve como cuestionado en no reconocer o qué hacer en esas circunstancias. Si bien hay un extremo dolor, temor, rabia, frustración, no sabe cómo expresarlo, ni a quién decirlo, hay también sentimientos de afecto hacia la persona que le ha causado daño. Eso es lo que se debe abordar a nivel clínico, en entender que la persona va a atravesar sentimientos de amor y odio que son necesarios comprender y nombrarlos de esa forma”, dice Ziritt.

Hay casos en los que la violación sexual se perpetúa y el agresor y la víctima comparten por años. Ahí surgen resentimientos en el entorno, sobre todo ante quienes conocían del hecho de violencia y no hicieron nada al respecto.

Uno de los indicios de una violencia sexual repetitiva es cuando por lo general hay un embarazo de por medio, agrega Ziritt. “Luego en la familia, en nuestra cultura, se trata de ocultar el origen de este bebé. Incluso no saben cómo relatarlo porque el decirlo en voz alta nos lleva justamente a aceptar que somos parte de un crimen, testigos de algo que ocurrió y que nunca hicimos nada”.

El problema es que en la sociedad hay falencias para dar seguimiento psicológico y judicial a los casos. Pese a ello hay cuestionamientos sobre la decisión de abril pasado de la Corte Constitucional de permitir el aborto a niñas, adolescentes y adultas embarazadas producto de una violación.

“También deberíamos estar cuestionando todo lo que viven estas víctimas. No tenemos un sistema de protección óptimo en el sistema judicial, tampoco un sistema de salud que las cuide y proteja. Muchas de estas niñas y adolescentes son revictimizadas y juzgadas dentro del sistema de salud, en lo judicial, además de por la propia familia. Y luego le estamos pidiendo que se convierta en madre, que cuide a ese bebé cuando es evidencia real y constante de todo el sufrimiento que ha acarreado durante tantos años. Cuando son menores de edad no tienen todo el bagaje o conocimiento necesario para entender lo que han vivido”.

La situación es compleja, ya que al ser menores de edad pues requieren el apoyo de los padres para muchas de las decisiones a nivel civil. “Lo que seguramente ocurrirá es que se va a tener que determinar que el embarazo fue producto de una violación cuando el Código de la Niñez y Adolescencia ya establece que cualquier relación sexual que se da con un menor ya es una violación”, asegura Ziritt. (I)